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Exministra de la Mujer, Laura Albornoz para Cambio21: Cuestiona interpretación de normativa aplicada por ministro de Justicia para pedófilos: "Lo más importante es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes"

Por Ema Santa Cruz Fuccaro

 La abogada y profesora de Derecho en la Universidad de Chile y exministra de la Mujer y la Equidad de Género durante el primer gobierno de Michele Bachelet, Laura Albornoz, abordó la controversia por la rebaja de condenas a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, cuestionando la interpretación de la normativa aplicada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y enfatizando la importancia de resguardar el interés superior de la infancia.

En conversación con Cambio21, también analizó los desafíos del Gobierno de José Antonio Kast en materia de empleo femenino, prevención de la violencia de género e igualdad, advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas, asegurar los recursos para los programas de protección y evitar retrocesos en los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres. 


Usted firmó una carta en la que manifestó su preocupación por la rebaja de condenas a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Desde su perspectiva jurídica, ¿por qué considera que esta decisión es incorrecta?  
 
La observación que se hizo en general por exministros de justicia y en este caso por nosotras como académicas dice en relación con la interpretación del sentido y espíritu de la norma 21.421, que justamente aspiraba a evitar que se disminuyeran las condenas de agresores sexuales de niños y violadores, como lo hizo el ministro Rabat. Y lo que pretendíamos como profesoras de derecho era justamente pedirle al ministro que hiciera una aplicación estricta de la norma. 
 

¿Qué mecanismos legales deberían fortalecerse para evitar que este tipo de situaciones se repita y garantizar que los derechos y la seguridad de las víctimas sean considerados en estas decisiones?  
 
En general, aplicar los principios rectores en materia de derechos humanos que ha sido ratificado por Chile y se encuentran vigente. Entre ellos, por cierto, y que constituye la ley de la República, la ley de garantía general de la infancia, y lo más importante, el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que la sola aplicación de la norma bastaría como suficiente mecanismo de protección. 
Sin perjuicio del anterior, hay una deuda del Estado chileno con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hay una comisión que debiera dar respuesta a las víctimas y reparar a las víctimas del incumplimiento del deber del Estado en los centros del Servicio Nacional de Menores, ex Sename, que entiendo que tiene que continuar con su labor y además procurar por la disponibilidad de recursos para atender a todos los niños en situación de protección. 

Ellos requieren de política pública y de recursos para hacer funcionar el sistema de casas de acogida, darle protección, reintegración familiar cuando eso es posible y sobre todo protección de abusos y de abusadores. 

⁠Considerando que la encuesta de Descifra publicada por Cambio21 revela una evaluación ciudadana mayoritariamente negativa del Gobierno de José Antonio Kast, ¿cómo cree que sus políticas en materia de derechos de las mujeres, igualdad de género y prevención de la violencia han influido en esta percepción? ¿Qué señales debería dar el Ejecutivo para responder a las demandas de las mujeres?  

Yo creo que en general el gobierno del presidente Kast tiene dos grandes problemas, uno en materia de empleo, que afecta mayoritariamente a las mujeres y ahí debería de estar puesto el foco de atención, con las políticas que se han implementado a lo largo de estos años y que surtieron algún efecto en la materia, pero también con ideas nuevas que seguramente están contenidas en su programa de gobierno. Yo por lo menos no he conocido ninguna de ellas hasta el momento. 

Segundo, lo relativo a seguridad, el de mayor connotación pública en el país es la violencia contra las mujeres, por lo tanto el foco puesto en la prevención, atención y reparación de las víctimas de género con la aplicación de los mecanismos institucionales que generó la ley de violencia integral debería por lo menos encaminar la ruta en ese sentido, pero como siempre lo he dicho el Ministerio de la Mujer no puede hacer todo y se requiere aquí la de la convivencia, colaboración y soporte de los otros órganos del Estado que están implícitos en la propia ley de violencia integral y que tienen responsabilidades en las políticas públicas que se han diseñado sobre la materia. 
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Desde su experiencia como exministra de la Mujer, ¿qué evaluación hace de las políticas y prioridades del actual Gobierno en materia de derechos de las mujeres? 

Como siempre el Ministerio de la Mujer hace todos los esfuerzos, pero si no está provisto de recursos y hay una subvaloración del rol que cumple desde la propia vocería a veces política, la discusión en el Parlamento, los comentarios de los parlamentarios del oficialismo, y el menosprecio a las capacidades de las mujeres, por ejemplo, que están en política y que han sido uno de los principales reproches que se le ha hecho muchos representantes del actual gobierno, no es posible avanzar. 
El Ministerio de la Mujer hace sus esfuerzos, pero posiblemente el resto del gobierno, los representantes del gobierno, en esta materia no ha logrado dar el ancho. 

⁠¿Qué avances considera que podrían estar en riesgo y cuáles deberían ser las prioridades para evitar retrocesos en igualdad de género y protección frente a la violencia? 
 
Me parece que principalmente están en riesgo el financiamiento de los programas que dependen del PRODEMU. Entiendo que la ministra en este sentido está haciendo esfuerzos para mantener algunos de ellos con financiamiento en modelos de INDAP y con recursos en el sector agrario. Entiendo que también está tratando de asumir los programas que tiene el propio PRODEMU en esta materia, son asuntos que están pendientes. Nosotros un tiempo atrás con las ex ministras de la mujer de diversos sectores hicimos un llamado a la autoridad para evitar el cierre de esta institución tan importante o al menos llevar a cabo un proceso de transición para incorporarlos dentro de las políticas que lleva adelante el Ministerio de la Mujer, y espero que así se esté haciendo.