Foto: El ministro Rabat y su subsecretario Luis Silva

Tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones en La Serena fueron beneficiados con rebajas de sus penas mediante decretos del Ministerio de Justicia.

Esta situación fue dada a conocer por el medio Interferencia, que informó que los tres condenados integraban una banda, cuyos miembros fueron detenidos en la capital regional de Coquimbo en diciembre de 2021, luego de ser denunciados por intimidar a mujeres migrantes que ejercían el comercio sexual en el sector céntrico de La Serena

Según los antecedentes de la investigación, los sujetos se habrían presentado ante las víctimas como integrantes del denominado Tren de Aragua, exigiéndoles pagos semanales para permitirles continuar con sus actividades. Pese a ello, ninguno fue condenado por pertenecer a esa organización criminal ni se les imputó el delito de secuestro.

En concreto, fue en agosto de 2022, cuando los cuatro fueron condenados a cinco años y un día de presidio, pero ahora tres de ellos obtuvieron reducciones de sus penas: Franyorkin Aramburu Hernández recibió una rebaja de nueve meses, mientras que Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi fueron beneficiados con una reducción de tres meses cada uno.

De acuerdo con Interferencia, el decreto correspondiente a Aramburu fue firmado el 6 de julio por el ministro Fernando Rabat, mientras que el documento de Marott, que también lleva la firma del secretario de Estado, fue emitido el 4 de septiembre. El beneficio para Ollarves, en tanto, fue formalizado el 7 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien actuaba como ministro subrogante.

Originalmente, los cuatro sentenciados debían permanecer en prisión hasta el 8 de diciembre de 2026. Sin embargo, Marott y Ollarves abandonaron el recinto penitenciario el 9 y el 10 de septiembre, respectivamente. En el caso de Aramburu, el término de la pena quedó fijado para el 8 de marzo de 2027.

Los antecedentes del caso 
El exsubprefecto de la Policía de Investigaciones y exjefe de Migraciones de La Serena, Germán Cerda, recordó que el procedimiento se originó en 2021, cuando detectives de la Brigada Investigadora de Robos recibieron una denuncia relacionada con las amenazas que sufrían mujeres migrantes en el centro de La Serena.
“Cuatro extranjeros de nacionalidad venezolana, haciéndose pasar en ese instante como integrantes del Tren de Aragua, concurrieron a la calle Cantournet del sector céntrico de La Serena con el objetivo de extorsionar a mujeres que ejercían labores de comercio sexual, exigiéndoles la suma de 100 mil pesos en aquel entonces”, relató el exoficial de la PDI.

A partir de esos antecedentes, y con autorización del Ministerio Público, los detectives iniciaron diligencias para establecer la ocurrencia de los delitos. Cerda recordó que durante ese periodo se registraba un aumento de amenazas y extorsiones cuyos responsables utilizaban el nombre de organizaciones criminales para intimidar a sus víctimas.

“Los detectives montaron vigilancias estacionarias en el sector y es así que lograron de manera flagrante detener a estos cuatro venezolanos, a quienes se les incautó algo más de 400 mil pesos en efectivo, me recuerdo, y dos armas de fuego”, señaló Cerda.

Eso sí, el exprefecto precisó que no puede asegurar que los detenidos pertenecieran efectivamente al Tren de Aragua, ya que pudieron haber utilizado el nombre de la organización para ejercer presión sobre las mujeres.

Órdenes de expulsión
Sobre las recientes reducciones de condena, planteó que aún corresponde aclarar si estos sujetos cuentan con órdenes o decretos de expulsión del territorio nacional.

“Si estos extranjeros fueron beneficiados con su rebaja de la condena, deberían ser expulsados del territorio nacional, porque así lo dicta la ley”, sostuvo, reiterando sus dudas respecto de si se adoptaron medidas para concretar su salida de Chile, señaló al diario El Día de La Serena.

El fundamento de las rebajas
Los decretos fueron dictados bajo el criterio que ha defendido el Ministerio de Justicia y que ha sido denominado públicamente como “Doctrina Rabat”, en medio de la controversia por las reducciones de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y por violación a los DD.HH. 

Según la publicación de Interferencia, las resoluciones citan un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que sostiene que, si no concurren las causales de exclusión previstas en el artículo 17 de la ley, el Ministerio de Justicia “no está habilitado para denegar” el beneficio atendiendo a la gravedad del delito o al bien jurídico protegido.

Los documentos también invocan jurisprudencia de la Corte Suprema para fundamentar que, cuando se cumplen los requisitos legales, la cartera debe dictar el decreto que concede la rebaja.


Bajo esa interpretación, desde el ministerio sostienen que no cuentan con atribuciones para rechazar las solicitudes por la naturaleza de los delitos cometidos, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas en la normativa.

No obstante, la investigación periodística también consignó que los tres condenados obtuvieron la calificación de "comportamiento sobresaliente" requerida para acceder al beneficio, pese a que registraban antecedentes por faltas al régimen penitenciario. En el caso de Aramburu, además, la Comisión de Libertad Condicional había rechazado su solicitud de salida anticipada en octubre de 2025.

Otro elemento que plantea interrogantes es que los decretos fueron firmados después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, ocurrido el 30 de julio. El acercamiento entre ambos países era relevante para avanzar en las expulsiones de ciudadanos venezolanos condenados por delitos en Chile, una de las medidas de seguridad comprometidas por el Gobierno.

Sin embargo, los antecedentes publicados no permiten establecer si existió una coordinación específica para evaluar la expulsión de estos tres hombres ni si se dictaron medidas de esa naturaleza en sus casos.

Cuestionamientos desde el Congreso
Como se esperaba, la noticia generó nuevas críticas contra el ministro de Justicia.

El senador Daniel Núñez manifestó su preocupación por la reducción de las condenas, en el marco de la polémica por los beneficios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los Derechos Humanos. 

“Estoy consternado por la noticia que acabo de recibir. El ministro de Justicia, Rabat, no solo liberó rebajando penas a 56 personas presas por abuso sexual de menores, un delito terrible, sino que además rebajó condena a tres venezolanos que estaban presos por extorsionar a mujeres en los cuales se habían identificado como una banda del Tren de Aragua en La Serena”, afirmó.

El parlamentario cuestionó los riesgos que, a su juicio, implica la salida de prisión de estos sujetos. En ese contexto, exigió la renuncia del secretario de Estado.

“Esto es realmente un escándalo gigantesco. Suman y siguen los delincuentes liberados por este 'ministro de la injusticia' (sic), Rabat, y yo exijo hoy, ahora, aquí su renuncia”, declaró Núñez.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri cuestionó la decisión del gobierno y apuntó tanto al ministro como al subsecretario que suscribieron los decretos.

“El gobierno de Kast benefició al Tren de Aragua. Rebajó las penas a extorsionadores que amenazaban a mujeres en La Serena. Es de no creerlo”, sostuvo, por lo que exigió que el ministro Rabat como el subsecretario, Luis Silva, dejen sus cargos.

Previamente, a través de su cuenta en X, había señalado que ofició sobre estas materias y reclamado una respuesta para esclarecer el alcance de las rebajas de condena.