Foto: Adriana Rivas, ex agente de la DINA que reside en Sydney, Australia

Por Alfredo Peña

Hasta la sede de la Cancillería en Santiago, concurrieron, María Estela y María Luisa Ortiz Rojas, hijas de  Fernando Ortiz Letelier, Marisol Berrios González, hija de Lincoyán Berrios Cataldo, Antonia Cepeda Antoine hija de Horacio Cepeda Marincovic, junto al abogado Francisco Javier Ugás , para insistir en la necesidad de agilizar los trámites de extradición de la agente de la dictadura, Adriana Rivas González quien reside en Sidney, Australia.

Rivas integraba la brigada Lautaro de la DINA, y "trabajaba" en la casa de Simón Bolivar, que era un centro de exterminio de la policía política de Pinochet.

En la oportunidad las familiares fueron recibidas por Carolina Valdivia, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio junto al equipo de abogados que han llevado el proceso, a quienes representaron la necesidad de avanzar en los trámites de  extradición  para  que la denominada "Chani" comparezca ante los  tribunales nacionales y enfrente,  los procesos criminales en que se le requiere y, se haga efectiva su responsabilidad penal por los hechos que se les atribuyen en el asesinatos ocurrido en el cuartel de exterminio  Simón Bolívar.

Para María Estela Ortiz Rojas, la reunión resultó positiva a pesar que la audiencia fue solicitada directamente al Ministro Ampuero, “pudimos hacer presente nuestra preocupación y frustración por el tiempo que se ha tardado la consecución de justicia en los casos de desaparición y secuestro que afectó a nuestros padres. Al mismo tiempo le representamos a la directora Carolina Valdivia, que para nosotras el esclarecimiento de este caso, como el de todas las desapariciones y asesinatos ocurridos en dictadura, es una causa de toda la sociedad, no sólo de los familiares”. 

La ex agente Rivas González fue procesada el 03 de febrero de 2007 en la causa “Conferencia I”, instruida por el Ministro  Miguel Eduardo Vázquez, como coautora del secuestro calificado de Víctor Manuel Díaz López. Además, fue procesada el 31 de agosto de 2009 en la causa  “Conferencia II”, sustanciada por el mismo Ministro de Fuero, como coautora de los secuestros calificados de  Lincoyán  Berríos,  Horacio Cepeda, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Héctor Véliz.  En marzo de 2012, el Ministro pidió certificar si la requerida concurría firmar el Libro de Excarcelados y se constató que el último registro de firma había sido en abril de 2011, verificándose su fuga fuera del país.  En abril 2014 fue aprobada la extradición y aún está en proceso. 

Para ella, la tortura era una técnica necesaria

Rivas, quien reside en Sidney, indicó que las torturas durante el régimen de Augusto Pinochet eran "un secreto a voces", y las calificó de técnica "necesaria" para "quebrantar a la gente". La mujer aseguró, en todo caso, que nunca presenció estos apremios porque no soporta el sufrimiento humano.

Al ser consultada sobre el paradero de los más de mil desaparecidos durante la dictadura, contestó que es algo que nunca se sabrá y acusó a los jueces de beneficiarse de los procesos judiciales vinculados a las violaciones de derechos humanos.

"Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están?. No se sabe", enfatizó la ex agente.

Adriana Rivas se casó en 1978 y viajó con su marido a Australia, donde se radicó. En 2006, regresó a Chile para asistir al matrimonio de una sobrina y poco después fue detenida por su implicación en una operación de la DINA contra la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976, el llamado "Caso Conferencia".

La procesada Rivas González fue conocida también por el documental “El pacto de Adriana”, dirigido por su sobrina Lissette Orozco. Ella era la secretaria de Manuel Contreras e informaciones de ex agentes de la DINA señalan que en algún tiempo se transformó en la amante del jefe de la policía política de Pinochet, el "Mamo" Contreras.

Foto: La Agente Rivas con el Mamo Contreras

Además del requerimiento a Australia por Adriana Rivas, la justicia chilena  ha solicitado la extradición activa a Estados Unidos de: Pedro Barrientos  por secuestro calificado y homicidio calificado cometidos en perjuicio de Littré Quiroga y Víctor Jara; Carlos Minoletti  por delitos reiterados y consumados de exhumación ilegal de los cuerpos de las víctimas fusiladas en Calama y por el secuestro de Leopoldo García;  y Armando Fernández Larios autor de los delitos de homicidio calificado de Óscar Aedo, Marcos  Barrantes, Mario Ramírez,  Hipólito Cortés, Jorge Contreras, Roberto Guzmán, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Carlos Alcayaga, Jorge Osorio, José Araya, Óscar Cortés, Manuel Marcarian, Víctor Escobar y Jorge Peña Hen, además de secuestro agravado y  homicidio calificado de Manuel Sanhueza Mellado.

En la carta dirigida al Canciller,  las familiares de las víctima en el caso Conferencia II,  detallan la petición y expresan su esperanza de que este caso se esclarezca con la mayor celeridad.