Luego de una larga investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique, en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, este viernes se presentó una acusación contra ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, reiterados, entre ellos, el senador Miguel Ángel Calisto, contra quien además se solicitó el desafuero. El perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos.

En esta causa ya se había presentado acusación, sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación para la práctica de diligencias precisas y determinadas, como la toma de declaraciones y la práctica de peritajes, todas las cuales fueron realizadas por el Ministerio Público dentro del plazo fijado por el Tribunal.

Las diligencias de investigación solicitadas por las defensas y realizadas durante el período en que la investigación fue reabierta permitieron corroborar y reforzar la tesis de la Fiscalía, y que fundamenta la acusación, en cuanto a que las supuestas asesorías parlamentarias prestadas por la coimputada Carla Graf jamás se realizaron.

En este sentido, ninguno de los testigos a los que se tomó declaración y que considera, entre otros, al jefe de gabinete del senador, su periodista, su secretaria y su chofer en el Congreso, pudieron explicar o detallar cómo, cuándo o de qué forma estas supuestas asesorías se habrían prestado, desconociendo por completo el trabajo que doña Carla Graf habría realizado en favor del parlamentario.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal regional, Hernán Libedinsky Moscovich, los imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo utilizaron el mecanismo de contratación de esta última como asesora parlamentaria del entonces diputado Calisto, quien realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar su contratación, a sabiendas de que la señora Graf no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada.

Todos los contratos fueron celebrados entre la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y Carla Graf, por instrucciones del entonces diputado Miguel Ángel Calisto, y constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco de Chile.

Las sumas de dinero percibidas fraudulentamente por la imputada Carla Graf fueron destinadas a beneficio personal como, asimismo, a beneficio de otras personas, entre los que se encuentran Roland Cárcamo Catalán, el entonces diputado y actual senador Miguel Ángel Calisto, y otras vinculadas al Partido Demócrata Cristiano.

Paralelamente a la presentación de la acusación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 416 inciso 1º del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicitó el desafuero del parlamentario ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para que dicho tribunal resuelva si existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación, y que se suspenda la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral mientras el Tribunal de Alzada no resuelva la solicitud de desafuero.