El exdirector de Gendarmería en el primer gobierno de Sebastián Piñera no sólo liderará el organismo, sino que también deberá enfrentar la reforma al sistema nacional de inteligencia, que asegura un duro round en el parlamento. Junto a lo anterior, producir información para dos temas prioritarios de La Moneda: delincuencia y terrorismo en la Araucanía.
A poco más de un mes de instalado el gobierno, La Moneda resolvió llenar uno de los puestos más complejos de la administración por la dificultad de encontrar candidatos acordes: la jefatura de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Para el cargo, el Presidente Sebastián Piñera designó al abogado Luis Masferrer, quien reemplazará a Gustavo Villalobos, un socialista histórico en ese servicio.
Masferrer ocupó el puesto de director de Gendarmería desde 2010 hasta 2013, cuando renunció para competir como diputado. Su nombre estaba en una lista de candidatos que manejaba tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; como el titular de la cartera, Andrés Chadwick.
El profesional, antes de asumir, deberá renunciar a Renovación Nacional (RN), como también a su oficina de abogados, Cisternas & Cortés, donde desarrollaba el ejercicio libre en materias penales.
Masferrer estuvo a cargo de Gendarmería cuando, en diciembre de 2010, un incendio dejó 81 reos muertos en la cárcel de San Miguel. Y si bien no es un hombre que provenga del área de inteligencia, su paso por el servicio de prisiones fue considerado, en términos del manejo de información y la reserva necesaria para materias secretas, como un punto a favor.
El desafío
El exabogado de la Defensoría Penal Pública (DPP) no solo dirigirá la ANI, sino que también liderará la reforma al sistema de inteligencia nacional que busca impulsar la administración Piñera. De allí que la profesión de Masferrer pesó como uno criterios evaluados por la autoridad para su elección.
Dentro de las prioridades que figuran en el programa gobierno está el sumar organismos que debiera coordinar la ANI y que ahora no integran el sistema de informaciones. Entre ellos está la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como un ente estratégico para la producción de inteligencia económica.
La UAF actualmente depende del Ministerio de Hacienda y mantiene una estrecha relación con los bancos, casas de cambio, automotoras, casinos, agentes de aduanas y corredoras de bolsa, entre muchos otros que están inscritos como uno de los 6.456 sujetos obligados a informar a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Además de los anteriores, a la ley de la UAF se suman todos los organismos del Estado.
La entidad analiza los ROS y si estima que pueden existir hechos que revistan caracteres de delito, envía los datos al Ministerio Público, que no siempre inicia una investigación. En otras palabras, información directa y residual se pierde.
La otra institución que debería sumarse a la coordinación de la ANI es Gendarmería, con miras a obtener datos para el combate al crimen organizado, además de materias sobre terrorismo al interior de los penales.
De todas las modificaciones, quizás una de las más complejas que tendrá el nuevo director de la ANI será llevar adelante el sistema de ciberseguridad del Estado, que actualmente está en manos del Estado Mayor de la Defensa y desperdigado en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad. A lo anterior se suma la creación de una escuela de inteligencia, como una forma de profesionalizar a los funcionarios que busquen integrar la agencia.
Junto a todos estos cambios Masferrer tendrá el desafío de mejorar la coordinación del servicio con las FF.AA., que hasta ahora es solo de forma, más que de fondo, debido al celo militar con la información. Y no sólo eso, también apuntar al flanco interno, con el fin de producir inteligencia de temas que son de alta relevancia para el gobierno.
La mano invisible
La llegada de Masferrer a la ANI revela la influencia como asesor informal de palacio que ha tenido el exministro de Justicia y dueño de la Universidad Autónoma de Chile (UA), Teodoro Ribera, quien proporcionó un segundo nombre: el abogado y colega de Masferrer en el mismo bufete: el abogado Ángel Valencia.
De hecho, el propio Ubilla pertenecía a las filas de la casa de estudios. En términos políticos, el ala liberal de RN ganó un nuevo cupo.
Con esta designación, quedaron fuera de carrera el cientista político Guillermo Holzmann, el exjefe de inteligencia naval, contraalmirante Óscar Aranda y el general (R) del Ejército, Hernán Mardones. Estos dos últimos en su calidad de exuniformados eran resistidos en el mundo académico ligado a los temas de Defensa, debido a que un organismo de carácter civil como la ANI -señalaban- debe ser dirigido precisamente por una persona que no provenga de las FF.AA.
Quien defendió esta postura fue el académico y jefe del Magíster en Gestión de Gobierno de la UA y especialista en temas del área, Tomás Duval.
Hace poco más de un mes, señaló a Radio Bío Bío: “la sola opción de colocar a la cabeza en esta reestructuración del sistema de inteligencia a un exuniformado, ya sea de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Investigaciones, sería un error magistral. Cada servicio tiene una cultura distinta sobre estas actividades, por lo que se podría generar ruido al interior de cada rama”.
Los permisos
Actualmente, la labor que ejecuta la ANI para producir inteligencia comienza con la obtención de información propia o entregada por las policías, las FF.AA., o bien con datos proporcionados por otros servicios.
Si el tema es relevante, se solicita autorización a uno de los dos ministros designados en cada corte de apelaciones del país para resolver el uso de medidas intrusivas, a modo de control constitucional.
Quienes realizan las labores de seguimiento, filmación, intercepción, entre otras, no es la ANI, sino las policías. Si se trata entonces de la producción de información sobre acciones de movimientos armados en la Araucanía, hay que recordar que el actual general director de Carabineros, Héctor Soto, dijo hace un par de semanas que las unidades de inteligencia que investigaban los atentados serán desmanteladas.
La razón que Soto entregó se vio influenciada por las investigaciones que sustancia el Ministerio Público, tras la caída de la denominada Operación Huracán, donde se ha establecido que se copiaban mensajes falsos en los teléfonos de imputados.
