Con el objetivo de que se realice una profunda revisión de las prórrogas de los contratos entre la Municipalidad de Viña del Mar que dirige Virginia Reginato (UDI) y la empresa encargada del mantenimiento de las cámaras de televigilancia de la comuna (Globallink Chile Telecomunicaciones S.A.), el diputado Marcelo Díaz Díaz (UNIR) acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso, para que iniciara la fiscalización, cuyos resultados están contenidos en el Informe Final de Investigación Nº 239, de 2020 detectándose en él una serie de irregularidades. Reginato no podrá ir a la reelección por completar sus tres períodos como alcaldesa, lo que la impide presentarse a una nueva elección.

El hecho cobra aún mayor relevancia considerando el aumento de los delitos en la Ciudad Jardín, los que van al alza principalmente desde el inicio de la pandemia y el posterior toque de queda, evidenciándose una serie de robos y asaltos a viviendas y comercios, muchos de los cuales se encuentran sin moradores justamente debido a la medida que prohíbe el libre desplazamiento por la vía pública. Aquí, las cámaras de televigilancia son fundamentales, pero en Viña del Mar simplemente no estaban funcionando como se debiera.

La denuncia del parlamentario de oposición tiene su origen en el periodo entre comprendido entre los años 2016 y 2019, cuando el Departamento de Auditoría de la Municipalidad de Viña del Mar efectuó un par de revisiones relacionadas con la contratación de servicios prestados por el proveedor Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., donde no consta que la entidad administrada por la alcaldesa Virginia Reginato Bozzo haya tomado medidas para subsanar las debilidades reseñadas, evidenciándose la ausencia de controles y/o supervisiones de los servicios contratados, según un informe del medio digital de la Región de Valparaiso, Pura Noticia.

Entre los resultados del estudio del ente de control se establece que los respaldos de los servicios prestados por Globallink entre diciembre de 2018 y junio de 2019 "no permiten evidenciar el seguimiento de los contratos y la correcta prestacion de los servicios", pues los informes mensuales presentados se limitan a una breve descripcion de las visitas diarias, consignando el numero de cámara, su ubicación y acción para dejarla en funcionamiento, pero sin ajustarse a los aspectos requeridos en las bases técnicas de las propuestas de origen.

Por todos estos defectos, Contraloría estableció que la Municipalidad de Viña deberá implementar elementos de control, tales como informes de revisión que permitan comprobar la ejecución de los servicios prestados, acorde a las exigencias contempladas en las bases, situación que deberá ser concretada en un plazo de 60 días hábiles.

CÁMARAS EN MALAS CONDICIONES
El Informe Final de Investigación Nº 239, de 2020, también evidencia que durante los años 2016 y 2019 se informó, por parte del Departamento de Auditoría al de Seguridad Ciudadana, de una serie de debilidades en la prestación de los servicios de cámaras de televigilancia contratados a Globallink, relacionadas a cámaras en malas condiciones, incumplimientos en la mantención de los elementos de megafonía e interfonía y debilidades de control, sin que la autoridad municipal haya adoptado las medidas pertinentes.

En ese sentido, también se advirtió que 53 cámaras, de un total de 122, presentaron desperfectos o intermitencia entre los meses de julio de 2019 y marzo de 2020, comprobándose que 17 de ellas se mantuvieron sin funcionar por al menos 120 días consecutivos, lo que no permite evidenciar la correcta prestación de los servicios contratados, que también contemplaron mantenciones preventivas y correctivas, tareas por las que el Municipio no cursó multas por incumplimientos.

A raíz de estas graves falencias, Contraloría ordenó a la entidad edilicia implementar los procedimientos de control necesarios que permitan fortalecer la revisión del servicio prestado y asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con sus proveedores, en el marco de las contrataciones celebradas y en resguardo de los intereses municipales, evitando en el futuro la reiteración de los hechos advertidos.

FUERA DE SERVICIO
En el marco de la investigación llevada a cabo por Contraloría, funcionarios del organismo acudieron el pasado 4 de mayo de 2020 a la sala de control de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, advirtiendo que 22 cámaras de televigilancia se encontraban fuera de servicio, información que fue contrastada con los registros de funcionamiento proporcionados por la Directora (s) del Departamento de Seguridad Ciudadana, para el periodo julio de 2019 y marzo de 2020.

Producto de esta situación, la casa edilicia liderada por Virginia Reginato deberá proceder al cobro de las multas al proveedor, que ascienden a 10 UF ($293.165) diarias por cada equipo paralizado (22 en total), informando de su resultado en un plazo de 30 días hábiles.

TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA
Otra de las irregularidades detectadas dice relación con que la Municipalidad de Viña del Mar no ejecutó con la debida antelación los procesos licitatorios requeridos para el servicio de televigilancia, lo que redundó en la prolongación de los servicios, mediante continuos tratos directos, celebrados con Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., durante el año 2019 y hasta el 2020, toda vez que los servicios fueron nuevamente prorrogados por un periodo de 15 meses, a contar del 24 de abril de 2020.

A través de un documento enviado a Contraloría, la casa edilicia viñamarina explica que esto se llevó a cabo debido a la imposibilidad de adjudicar hasta la fecha dicho servicio mediante una licitación pública, y que considerando los requerimientos técnicos para estos sistemas de seguridad y la antigüedad de los equipos existentes, adoptó la decisión de modificar las condiciones de los servicios a convenir, incluyendo, entre otros aspectos, el equipamiento nuevo. También explicaron que para ello se consolidó en una licitación todos los servicios prestados, haciendo coincidir la fecha de término de ambos contratos mediante el decreto alcaldicio N° 1.942, de 8 de marzo de 2018, que extendió en nueve meses la licitación.

Tras ello y otras fallidas licitaciones, el Municipio de Viña indica que con acuerdo del Concejo Municipal, se determina prorrogar la contratación de la especie con Globallink, en virtud de dos contratos directos, por un periodo de 10 meses, a contar del 24 de junio de 2019, fundamentado en la imposibilidad de tramitar una nueva licitación relativa al mismo servicio y la urgencia para mantener la continuidad del mismo.

Pese a que dichos decretos alcaldicios extendieron la prestación de servicios de televigilancia por un periodo de 10 meses, ordenando la suscripción de un contrato y que la empresa continuó prestando servicios, los respectivos acuerdos de voluntades no fueron firmados hasta el 23 de junio del 2020, circunstancia que se apartó de lo señalado por Controlaría en el dictamen N°21.984, de 2016, por lo que la entidad edilicia debera velar por que las adquisiciones se formalicen oportunamente.

Finalmente, se indicó que el Municipio deberá incluir esta materia en el proceso disciplinario instruido mediante el decreto alcaldicio N°6.357, de 2020, informando a la Unidad de Seguimiento de Fiscalia de esta Entidad de Control en un plazo de 15 días hábiles. Además, por lo anteriormente expuesto, deberá "adoptar medidas concretas que le permitan planificar y desarrollar con la debida antelación sus procesos licitatorios".