El contralor general, Jorge Bermúdez, dio a conocer ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, que las compras de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno durante 2020 a nivel nacional fueron, en promedio, un 12,1% más caras que las cotizadas en línea.

Esto incluye un 4% de costos de insumos y servicios (armado, traslado, entre otros) y un 15,6% más costosas sin considerar dichos costos.

Según indicó Bermúdez tras una investigación del órgano fiscalizador, 15 de las 16 regiones compraron las canastas familiares seleccionadas a un mayor precio que lo cotizado por cada Contraloría Regional en comercios que se caracterizan por sus bajos precios.

De estas zonas, la diferencia entre el valor de adquisición y el de cotización fue de: $23.530 en Tarapacá; de $16.021 en Arica y Parinacota; de $15.184, en Maule; y de $12.710, en Valparaíso. Ello, hubiera permitido comprar 81,2%, 70,3%, 70,2% y 57%, más productos, respectivamente.

Contraloría también comentó en la comisión de la Cámara que otra observación recurrente en el hecho fue la falta de control en los centros de acopio, tanto de las canastas o insumos recibidos, como de las despachadas. En los casos en que se sustituyen elementos de las canastas, aquello no atendió a criterios de equivalencia nutricional, de peso o de precio, agregó el contralor.

Al respecto, Bermúdez señaló que, en varias ocasiones, las empresas cotizadas compartían domicilio, o bien, una actuaba como “testaferro” de la otra. Tanto los cronogramas de entrega, como los lugares en que se debía distribuir, en muchas ocasiones, no se cumplieron. Sin embargo, en varias oportunidades, las intendencias o gobernaciones regionales no aplicaron las multas previstas para los incumplimientos de los proveedores, añadió.

Comisión Investigadora

Un tema grave que se debe indagar, señalan también desde la oposición. Actualmente ya hay una comisión investigadora a la espera de contar con todas las firmas.

La instancia es impulsada por el diputado radical Alexis Sepúlveda, quien señaló que se debe determinar cualquier tipo de responsabilidad política.

“Determinar obviamente las responsabilidades políticas y eventualmente, si hay alguna situación que nos parezca que tenga ribetes de delito, poder poner esos antecedentes en los organismos pertinentes”, declaró.

También se refirió al respecto el presidente de la comisión de Economía, Jaime Naranjo (PS): “Lo que ha hecho la Contraloría a través de su investigación es reafirmar que la entrega de esta política de cajas se iba a prestar para un uso político, cosa que ocurrió”.