El exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, se refirió a un reportaje de Ciper donde se revela que entre las conversaciones de WhatsApp investigadas por la Fiscalía, el abogado Luis Hermosilla se habría involucrado en los nombramientos de ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Fue una a través de una carta donde el exsecretario de Estado señaló que “a raíz de una publicitada investigación en curso, denominada ‘Caso Audios’, han aparecido aspectos colaterales en relación a un conocido abogado que es protagonista de ese proceso, en donde este, de acuerdo a mensajes aparecidos en su celular incautado, habría ejercido influencias en la designación de jueces, especialmente en el período del presidente Sebastián Piñera. Esto ha generado una comprensible inquietud y ha reabierto el debate acerca de la forma en que se nombran los integrantes del Poder Judicial”.

En esta línea, Larraín comentó que “en cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda administración del presidente Piñera, (…) puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente”.

“Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas. La responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder”, indicó el exlíder de la cartera de Justicia.

Así también explicó que “desde el primer momento, conversamos con el presidente Piñera respecto de la necesidad de reformar el actual sistema de nombramientos del Poder Judicial, dada las graves deficiencias que presenta”.

“La discrecionalidad con que las Cortes forman las ternas, así como la que tienen los presidentes de la República para resolver (…), se puede prestar efectivamente para todo tipo de arbitrariedades (…)”, argumentó el exministro.

Señaló que “para los jueces reformar el sistema ha constituido una antigua demanda. No hay que olvidar que las Cortes, que definen quiénes integrarán las ternas, son las mismas que resuelven los recursos interpuestos en contra de los fallos de esos jueces y ejercen la potestad disciplinaria cuando alguno es denunciado por cometer alguna irregularidad administrativa, lo que puede afectar la independencia de los jueces”.

A juicio de Larraín, todo esto provocó “un debate sobre la necesidad de reformar el mecanismo de nombramiento, lo que lamentablemente no traspasó la discusión académica, el ámbito judicial o el de los expertos interesados en la materia”.

Es así como Larrain manifiesta que “el presidente Sebastián Piñera me encargó el estudio de un nuevo régimen de nombramientos que permitiera asegurar una designación objetiva, justa y racional de los mejores jueces, garantizando su independencia integral y la vigencia del Estado de Derecho en una democracia.

“Así procedimos, convocando a una Comisión que trabajó junto a la Asociación de Magistrados, académicos, expertos y abogados de diferentes sensibilidades y miradas, durante el segundo semestre de 2018. Su informe fue discutido en un seminario de alto nivel a comienzos de 2019, en el que participamos junto al presidente de la Corte Suprema y al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial”, señaló la exautoridad.

Así también dijo que “durante el tiempo siguiente elaboramos una propuesta que finalmente fue presentada por el Gobierno el 16 de abril de 2021 (demorada por la irrupción del estallido social y la pandemia, que desplazaron temporalmente el desarrollo de muchas iniciativas relevantes), consistente en una Reforma Constitucional y un proyecto de ley por el cual se creaba la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, modificando distintos cuerpos legales”.

“La idea matriz de la iniciativa presentada a tramitación legislativa era la de establecer un órgano autónomo que resolviera, a través de concursos públicos y definiciones fundadas, transparentes y abiertas, la designación por mérito de los jueces y juezas del país, asegurando así la independencia judicial. El Presidente de la República y los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia dejaban de participar en las designaciones, renunciando a una atribución que tuvieron siempre, cuestión muy poco frecuente en esferas de poder donde nadie renuncia al que tiene, solo se aspira a incrementarlo”, explicó Larraín.

Luego surge la iniciativa de la Convención Constituyente durante 2021, que creaba un Consejo de la Justicia para hacerse cargo de los nombramientos, además de numerosas otras funciones que dejaban a la judicatura en una situación aún peor. “(…) Afortunadamente, tal proposición siguió la suerte del texto general: fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022”, recordó.

Después, en el nuevo proceso constituyente, se retomó la idea. “Como integrante de la Comisión Experta, y formando parte de la subcomisión competente en esta materia, presentamos con otros comisionados una profunda reforma a la Justicia (…). El Consejo Constitucional mantuvo en lo sustancial esta propuesta, con modificaciones, pero también fue rechazada en el plebiscito del 15 de diciembre pasado”, añadió.

Finalmente, el exsecretario de Estado señaló que “más allá de las esquirlas que deja la investigación en curso, corresponde que las instituciones competentes (fiscales y jueces) se hagan cargo de ella (…)”.