La organización Amnistía Internacional (AI) consideró "muy alarmante" la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.

Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países de la región marcaron un convulso 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con atención especial en países como Chile, Venezuela y México, entre los más impactados.

AI reiteró este jueves que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una "fuerte" represión policial.

"Las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo", dijo la ONG en su informe anual.

La organización, que envió una misión de observación al país a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad "aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado" y que a finales del año "las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros, se contaban por miles".

Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos "de manera injustificada, generalizada e indiscriminada", ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó AI.

Tras su paso por el país, la organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer "ataques generalizados" y aseguró que las violaciones a los derechos humanos "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación", unas declaraciones que fueron rechazadas frontalmente por el Gobierno.

Aparte del estallido social, Amnistía Internacional advirtió en el mismo informe de que durante el pasado año "no se produjeron avances sustanciales en otros problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos ambientales".