Un total de tres requerimientos distintos fueron presentados este lunes ante la Contraloría General de la República por parte de diversos parlamentarios de oposición, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, por la modificación del protocolo del Minsal respecto al Aborto en Tres Causales.

 

Esta situación surgió por el cambio que permitirá que las instituciones objetoras de conciencia puedan recibir recursos del Estado.

 

Fueron parlamentarios del Partido Socialista quienes asistieron a entregar el oficio en el edificio de Teatinos 50 para así interponer un requerimiento por ilegalidad del nuevo protocolo.

 

 

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, comentó que el requerimiento se establece como “una señal clara respecto al decretismo, a esta forma de burlar”, sobre lo que refleja el nuevo Gobierno.

 

 

Más tarde, a las 11 de la mañana, fue el turno de algunos senadores del Partido por la Democracia, como Guido Girardi, Ximena Ordenes, Pedro Araya, Adriana Muñoz, Felipe Harboe y Ricardo Lagos, los que concurrieron al mismo organismo gubernamental.

 

El grupo pretende que el Ministerio de Salud clarifique la decisión, y en caso de ser rechazada la solicitud, presentarán un recurso de protección en los tribunales de Justicia.

 

“El Tribunal Constitucional ya le abrió un forado al permitir la objeción de conciencia institucional (...) con este cambio se desnaturaliza absolutamente la objeción de conciencia, donde establecimos que si era por un prestador privado no puede recibir fondos públicos. Lo que ha hecho el Minsal es poner una verdadera retroexcavadora a los derechos sociales conquistados por el gobierno de Michelle Bachelet", sostuvo el senador Araya.

 

Finalmente, pasado el mediodía llegaron a la Contraloría los integrantes de la bancada de diputados PPD-PRO, los que presentaron un requerimiento en rechazo de la modificación, a la que asistió el subjefe de la bancada, Tucapel Jiménez, Marisela Santibañez (PRO), Cristina Girardi, Carolina Marzán y Rodrigo González. Cabe recordar que estas acciones se suman a la ya presentada la semana pasada por los diputados Miguel Crispi (RD) y Karol Cariola (PC).

 

 

Claudia Dides, directora ejecutiva de la Corporación Miles, hizo referencia a la "necesidad de presentar el requerimento, toda vez que la modificación del protocolo afecte a las mujeres que tengan planes cerrados con Isapres que sean objetores de consciencia", explicó.

"Se debe aclarar que lo de éste lunes no es el único requerimiento entregado a la Contraloría, por lo que dentro de 15 días más el organismo deberá referirse a los puntos que se han tocado. El cambio de reglamento que hizo el Minsal ha sido algo demasiado negativo", aseguró.

"Todo el protocolo de la Ley de Aborto se encuentra en entredicho, y todos los requerimientos presentados apuntan a diversas materias que consideran se deben revisar", finalizó.

 

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, analizó la situación que se encuentran viviendo al interior de los partidos de oposición.

 

"Estamos muy preocupados, ya lo hemos manifestado cuando se presentaron estas modificaciones, y hacemos un llamado al Minsal a reflexionar sobre las medidas que están tomando. Nosotros estamos convencidos, precisamente, que las modificaciones no se ajustan a derecho, porque van en contra del espíritu de la ley", sostuvo la diputada.

 

En ese sentido, indicó que finalmente lo que se hizo fue "pasar de una excepción que tenía la ley incorporada por el Tribunal Constitucional a algo normal dentro de la norma. Es decir, todas las clínicas que quieran hacer objeción de conciencia lo van a poder hacer y van a seguir recibiendo recursos públicos", señaló.

 

 

Quien también comentó las razones del requerimiento presentado en la Contraloría fue la exministra de la Mujer, Claudia Pascual, quien aseguró que “aquí no ha habido ninguna conversación. Ha sido un cambio que se hizo de manera unilateral”, esto al comentar sobre el accionar del Gobierno oficialista.

 

Según la exsecretaria de Estado “las modificaciones se hicieron sin espacios de diálogo. No se invitó ni al parlamento, ni a las organizaciones de mujeres, ni a las exautoridades", acusó.

 

"Es algo que vemos con mucha preocupación y queremos que ojala en este contexto podamos revertirlo", concluyó.

 

Examinando la situación política, para el analista político Patricio Gajardo, lo que encierra la presentación de los requerimientos en la Contraloría “dependen ahora no del peso político de los partidos, si no que de una mirada de un cuerpo del Estado particular y con resoluciones propias. Nada dice que será positivo”, asegura.

 

“Como alternativa es viable, así como lo es el Tribunal Constitucional, se trata de una forma de buscar aquello que como colectividad no se obtuvo de la forma política tradicional. Considero que políticamente no se ve bien, pero cada uno hace lo que cree prudente”, concluyó.