Alejandra Bravo confirmó su renuncia a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, que le había sido exigida de inmediato por el Presidente Sebastián Piñera tras conocerse la denuncia contra la ex PRI por presunto cohecho a favor del naciente partido político Nueva Clase Media, que lidera su esposo Eduardo Salas.

A través de una declaración pública, la otrora extimonel del PRI confirmó haber tomado conocimiento de la acusación por supuestos actos de corrupción, vinculados al ofrecimiento de terrenos en la Región de Antofagasta a cambio de que los eventuales beneficiados firmaran su militancia en la colectividad de su marido.

Sin embargo, atribuyó a "asesores del Ministerio" la comisión de "actos contrarios a las normas y políticas ministeriales", por lo cual -antes de dejar el Gobierno- instruyó "la inmediata desvinculación de mi jefe de gabinete, Mario González, y del funcionario Óscar Marín", ambos que, según la denuncia revelada en un reportaje, habían participado en reuniones con los interesados en terrenos.

Además, ordenó la realización de un sumario administrativo para ambos asesores, mientras que también espera "que el Ministerio Público investigue a fondo esta situación", indagatoria a la cual afirmó que entregará "toda la colaboración que sea necesaria".

Según el reportaje, en uno de los registros presentados en el oficio enviado por la diputada radical Marcela Hernando al fiscal nacional, Jorge Abbott, a los interesados en el beneficio se les decía que debían inscribirse en el partido de Salas (también ex PRI), que quiere establecerse en esa zona del país, a la cual Bravo quiere postularse a diputada en las elecciones parlamentarias de 2021.