Aunque ya han pasado casi tres años desde que el grupo estadounidense Principal consiguió la aprobación de la fusión entre AFP Cuprum y Argentum, la dura polémica que generó el beneficio tributario de casi 80 mil millones de pesos que obtuvo la firma por dicha operación, sigue viva.

 

Al menos eso es lo que busca el diputado DC Fuad Chahin, quien presidió la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja y que presentó en la Corte de Apelaciones una demanda de nulidad de derecho público que busca deshacer la operación.

 

 

Chahin ha sido el más enconado crítico de esta operación que fue validada en enero de 2015 por la entonces superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, la cual terminó dejando su puesto a comienzos de 2016, presionada por su rol en el caso y acusando falta de respaldo político de La Moneda.

 

De hecho, la propia Agnic fue el objeto de otra acción judicial liderada por Chahín en 2015, de tipo penal, cuya investigación ha tenido diligencias pero la fiscalía no ha decidido formalizar como en algún momento se especuló.

 

La acción actual se presentó ante el tribunal de alzada, evitando lo que algunos califican como el error del senador Alejandro Navarro, en la anterior acción de nulidad de derecho público que en 2016 presentó.

 

Esta vez, la acción de Chahin plantea la ilegalidad de las decisiones tomadas por Agnic y el efecto jurídico de invalidación de la fusión de Argentum y Cuprum aprobada por la hoy socia en la auditora KPMG, a cargo del área de forensic.

 

 

Chahin asegura que hubo mala fe de Principal, pues sabían que su único objetivo con la fusión de las AFP era obtener el good will (beneficio tributario) de 80 mil millones de pesos, relacionado al alto precio que pagó por Cuprum al grupo Penta en 2013. Por ello, establecen que la legitima razón de negocios que usaron para la fusión de Cuprum con Argentum en el segundo semestre de 2014 no era tal y que la autoridad debió advertir al Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que Agnic hizo recién cuando el caso estalló en abril de 2015, pese a que la aprobación de la operación fue el 2 de enero de 2015.

 

La demanda, presentada por los abogados Alfredo Ugarte Soto, Rodrigo Hernández Percherón y Jaime Jaramillo Chahuán, revisa la realidad europea y estadounidense en materia de good will, con otro nombre según el continente, y asegura que Principal sabía que dicha fórmula tributaria estaba penada en el mundo.

 

 

En su momento, la Contraloría tuvo roces con la superintendencia. En diciembre de 2015 cuando señala la ilegalidad de la operación (dando el golpe letal a Agnic que sale semanas después), luego en febrero de 2016 y ante la reconsideración que le pide Osvaldo Macias, quien llegó a comienzos de 2016 a la superintendencia de Pensiones, en febrero de 2016 al ratificar sus dichos, y finalmente en la más clave resolución en julio de 2016 cuando, tras una resolución de Macías que se niega a revisar formalmente la operación, le señala directamente que inicie un proceso formal de invalidación, lo que provocó tal expectación que los medios lo entendían como el fin de la fusión.

 

Lo cierto es que Macías, a quien está dirigida la demanda por su actual cargo al frente de la superintendencia, resolvió en julio del año pasado iniciar dicho proceso de invalidación formal que consistía en llamar a todos los interesados –la empresa, parlamentarios- a entregar antecedentes y resolver en su mérito.

 

En enero de ese año representantes del propio grupo Principal aparecían en entrevistas advirtiendo que vendrían demandas de la sede internacional contra el Estado chileno si se retrotraía la fusión por montos estratosféricos, como los US$ 10.000 millones que calculó “a ojos de buen varón” el abogado del grupo, Hernán Bosselin, en una entrevista con El Mercurio el 18 de enero de 2016, cuando Macías ya estaba instalado en la superintendencia y esperaba que Contraloría retrocediera tras su primer dictamen de un mes antes.

 

 

Para Ricardo Hormazábal, exparlamentario y uno de los firmes opositores a la fusión de Cuprum y Argentum, la gestión de Fuad Chahin es concordante con su labor parlamentaria “porque ha mantenido un grado de coherencia. Influyó en la formación de la comisión investigadora de la Cámara e influyó fuertemente en los parlamentarios DC para recurrir a la Contraloría”, comentó Hormazábal.

 

“Recordar que la misma entidad fiscalizadora determinó que esta fusión se trataba de una instancia ilegal, cuestión que no debe dejarse de lado. Queda la sensación, con los años transcurridos, de que se consolida el abuso a fin de cuentas”, indica.

 

“Personalmente espero que la nulidad de derecho público pueda terminar con algo, porque es algo que perdura en el tiempo y anula toda la acción. En lo que actualmente sucede, sí tiene fundamento elevar una demanda contra el actual superintendente de Pensiones. Me parece penoso que frente a este tema ni los medios de comunicación ni que el grueso de los parlamentarios se hayan unido para hacer presión frente a este caso”, aseguró.

 

Quien también comentó la situación fue uno de los abogados demandantes, Alfredo Ugarte, quien al referirse al rol del SII dijo: “Podría impedirles hacer uso del beneficio de la pérdida. Les podría negar ese derecho por falta de razón legítima de negocio. Eso generaría que Principal tendría que reclamar al tribunal tributario y un juez debería resolver”.

 

Sobre al argumento emanado desde la Superintendencia de Pensiones sobre la buena fe de la labor de Principal, el abogado es claro: “Eso es lo que no corresponde. Ese razonamiento lo deben hacer los tribunales, no una autoridad administrativa como Tamara Agnic, exsuperintendenta. Molesta que esta interpretación la haga una autoridad administrativa política, y no un tribunal. Esto ha pasado en otras reparticiones, como el caso Johnson’s”, recordó Ugarte.