En este miércoles festivo, el partido Revolución Democrática dio a conocer que luego de llevar a cabo un consejo político nacional, decidieron solicitar el Tribunal Supremo del partido la expulsión del ahora exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD) y Daniel Andrade, también militante RD, pareja de la diputada Catalina Pérez, expresidenta de esta colectividad.

Esto tras la polémica que surgió por la serie de convenios firmados entre el organismo y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, y quien es pareja de Catalina Pérez.

“Desde Revolución Democrática siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene al corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan”, dicta el escrito del partido en donde anuncian su solicitud al Tribunal Supremo.

Además, indicaron que desde el colectivo “condenamos toda conducta de algún militante que contravenga estos principios y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía”.

Con estos argumentos, precisaron que luego del consejo político determinaron solicitar al Tribunal Supremo del partido la expulsión de Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, el militante de RD, anteriormente había sido asesor de la diputada Catalina Pérez, que también se encuentra entre los cuestionamientos por su cercanía con los involucrados.

Finalmente, indicaron que “estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento con nuestra ética partidaria”.

El comunicado se da en medio de la investigación de oficio que abrió la Fiscalía regional de Antofagasta para indagar los convenios entre la fundación de RD, Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de dicha región.

Los cuestionamientos comenzaron el pasado viernes cuando un medio regional alertó sobre las irregularidades. En la publicación se dio a conocer un convenio total de $ 426 millones entre Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade -pareja de Pérez- y Serviu, estos habrían sido autorizados por la Seremi de Vivienda de la región, encabezada en ese entonces por el militante RD y exasesor de Pérez, Carlos Andrade.