Después de dos años de investigación, aún siguen apareciendo nuevos antecedentes en el  Caso Caval, el que involucró los negocios con la política, y en el que, salvo por la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, varios personeros ligados a la UDI fueron parte del negocio, en el que estuvieron involucrados en la compra y cambio de uso de suelo de un terreno de Machalí.

 

Con arraigo nacional y prohibición de mantener comunicación con los coimputados del caso Caval, quedó Isaac Givovich (en la foto de esta crónica) , yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, luego de que fuera formalizado tras ser acusado de emitir boletas ideológicamente falsas en 2014 por cerca de $400 millones al autodenominado operador político de la UDI, Juan Díaz, quien el 25 de noviembre pasado fue condenado a más de tres años de cárcel por soborno y delitos tributarios.

 

En la audiencia, el Ministerio Público encabezado por el fiscal Sergio Moya, expuso una escucha teléfonica entre Givovich y Díaz ocurrida en 2015 -al año siguiente de que se emitiera una boleta y se anulara a los meses después-, la cual está dentro de la carpeta de investigación del caso. En esta conversación, según sostuvo el persecutor, se muestran “una serie de maniobras tendientes a resolver la situación de haber emitido una factura falsa” y a “ocultar los hechos”.

 

Tras escuchar el audio expuesto por la fiscalía, la magistrada señaló que se escucha lo que “parece una coordinación para la justificación material de la factura que se atribuye falsa”.

 

Frente al tema el abogado y experto en casos como Penta o Cascadas, Mauricio Daza, en conversación con Cambio21, aseguró que “hemos sostenido que todos los casos que vinculen a personas que de alguna manera relacionadas con partidos políticos, ya sean dirigentes de los mismos o que tengan alguna vinculación con cargos públicos, tienen que ser especialmente investigados y ver si hay algo que los vincule a lo que constituye delito".

 

A ello, el especialista agregó que “la ley establece un plazo límite de investigación de dos años, hasta la fecha que exista una persona formalizada. Obviamente los casos que son relativamente complejos toma más tiempo, sin embargo muchas de estas causas que son de conmoción publica hay personas formalizadas y obviamente se debe respetar ese plazo legal”.

 

“En todos estos casos más que tener medidas cautelares durante la vigencia de la investigación, es tratar de tener condenas que sean efectivas. Lamentablemente nuestra legislación actual no contempla penas que sean muy elevadas donde se atente contra la probidad, pero en muchos de estos casos existen delitos reiterados lo que automáticamente aumenta la condena y en ese caso sí podría haber cárcel”.

 

Bastaron solo unos meses para descubrir que tras el cuestionado negocio de Caval no solo estaba la nuera de la Presidenta y su socio, Mauricio Valero, relacionado con personajes que habían pertenecido a los servicios de seguridad de la dictadura. Aparecieron los nombres de connotados militantes y dirigentes de la UDI quienes fueron los operadores que llevaron al síndico de quiebras Herman Chadwick la venta de la propiedad y los mismos que alertaron a Valero de la existencia de este apetitoso negocio y que los relacionaron.

 

Sergio Bustos fue quien participó en la trama como operador ante bancos y quien destapó el caso en una demanda por no pago de supuestos honorarios por su intervención en la obtención del crédito por $6.500 millones que sirvió para adquirir las propiedades. No solo perdió el juicio laboral sino que su exposición pública le terminó pasando la cuenta en causas de derechos humanos que tenía pendientes y en las que aparecía como un agente de los servicios de seguridad. En realidad era un ex ayudista de la DINA que trabajó bajo las órdenes de Manuel Contreras. Su nombre aparece en una de las fichas rescatadas desde Colonia Dignidad.

 

Fue declarado reo por la muerte de tres militantes del MIR en la localidad de San Carlos, al sur del país en el año 1974. En aquel entonces Bustos era un connotado militante de Patria y Libertad, grupo paramilitar que tras el golpe de Estado participaba activamente en la detención de partidarios del gobierno derrocado e incluso en torturas y crímenes, como se ha denunciado en innumerables causas de DDHH. Tras ser detenido en Chillán, fue llevado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos, donde quedó en prisión preventiva.

 

 

Se trata de un relevante operador de la UDI, que es un eje central en toda la operación Caval. De hecho fue acusado por otro militante de ese partido -y también parte del entuerto-, Patricio Cordero, de ser quien era el pagador de los sobornos y además el nexo con el síndico a quien también habrían llevado en el “negocio”. No es la única de Díaz: conocido por haber sido quien operó a favor de Jovino Novoa en el caso Spiniak buscando desacreditar a los testigos que lo inculpaban.

 

Según las declaraciones de Natalia Compagnon, Díaz fue la persona que le llevó el negocio de los terrenos de la familia Wiesner –dueños de los predios de Machalí- a Caval. Por esa razón, tanto él como Patricio Cordero tenían “derecho” a dividirse el 50% de las ganancias. Está formalizado como autor del delito de soborno (pagos a funcionarios de la Municipalidad de Machalí), cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas (cuando Chadwick le pagó los $ 415 millones, Díaz extendió una boleta de la sociedad Consultores Ges Limitada –de propiedad de Isaac Givovich, el yerno de Joaquín Lavín-, la que fue anulada por ser falsa).

 

Se trata del operador de Joaquín Lavín y quien fuera su administrador mientras el actual edil de Las Condes y excandidato presidencial fuera alcalde de Santiago. Por sus contactos, Cordero reconoce haber estado ligado al caso Luminarias que consistía en groseras estafas cometidas en distintos municipios ligados a la UDI en donde aparecen querellados el diputado homónimo e hijo de Joaquín Lavín, su otra hija María Asunción, recientemente condenada por giro doloso de cheques y el cónyuge de ella, Isaac Givovich.

 

Cordero posee muchas vinculaciones con Caval. Desde luego conoce a todos los partícipes de la UDI, incluso llevando al negocio a algunos de ellos, como a Díaz o Givovich. No solo eso, es investigado por el Ministerio Público por 13 facturas de Inversiones Lo Beltrán Limitada (una sociedad que le pertenece) y que fueron incorporadas en la contabilidad de Caval entre 2012 y 2014. Las facturas corresponderían a trabajos no realizados o ideológicamente falsos y que en total suman $305 millones y tendrían un perjuicio fiscal de $ 118.872.912.

 

Otro que aparece vinculado a la UDI –aunque no militante- es Victorino Arrepol. Valero lo llevó a Caval y Arrepol llevó a Bustos, quien le construyó un bunker como medio de protección. Un mitómano de marca mayor, según la policía.

 

Un supuesto correo que se aseguraba correspondía a un ministro, hizo conocido a Arrepol, otro de los operadores del negocio. El famoso correo resultó ser falso absolutamente y fue parte de las charadas e invenciones para darle “espaldas” a la operación comercial tras los inmuebles de Caval. Reconocido derechista, Arrepol tiene en su prontuario un auto secuestro que denunció en 2009, el cual, obviamente solo estaba en su imaginación.

 

 

Mora se estrena en la investigación Caval al ser nombrado por el otro operador de la UDI, Patricio Cordero. Este aseguró que el socio de Caval, Mauricio Valero, le pagó a Mora 25 millones de pesos para beneficiar a Saydex –empresa especializada en servicios informáticos en el área de salud y que fuera cliente de Caval en las distintas licitaciones del Ministerio de Salud-.

 

Mora, fundador de la UDI y ex concejal en Peñalolén por ese partido, es un reconocido operador político del equipo de Pablo Longueira. En Dicom, Mora figura con domicilio laboral en Suecia 286, la sede de la UDI. Este personaje fue director del Servicio de Salud Metropolitana, bajo la administración Piñera. Diversos correos lo ligan a Valero y Cordero y dicen relación con pagos exigidos por NM (iniciales de Nibaldo Mora), por proyectos adjudicados presuntamente de manera ilegal. Los correos datan entre el 18 de octubre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, siendo ministro Jaime Mañalich.

 

Jamás se escuchó un reclamo desde la derecha o de su prensa adicta en casos similares que han tenido a otros connotados personajes de ese sector detrás. Se trata de operaciones de ganancia fácil que se basan en la compra de terrenos agrícolas, para luego provocar el cambio de uso de suelo y así transformarlas en urbanas, generando una pingüe ganancia a sus autores.

 

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) fue uno de los que hizo hincapié de esta situación, publicando en su cuenta de Twitter: En Caval la gran mayoría son UDI, con familia presidencial de la derecha incluida, pero la prensa solo habla de Compagnon. Sospechoso o no? (sic)