La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo se refirió a las críticas de las isapres contra el Ejecutivo que busca que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a restituir a sus afiliados un total de mil 400 millones de dólares por cobros excesivos en sus planes de salud. La industria aseguradora criticaron al titular de Justicia Luis Cordero, quien las emplazó a proponer soluciones para solucionar el problema y cancelen lo que determinó el máximo tribunal del país.

“El problema de las Isapres es que siguen planteando problemas y no soluciones”, planteó Vallejo desde la comuna de La Pintana donde realizó la cuenta pública participativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La ministra agregó que “todos conocemos la crítica situación en la que están producto de un modelo de negocio que ha ido fracasando porque se judicializó. La principal responsabilidad en esta crisis es de las mismas Isapres, entonces yo esperaría un poquito más de generosidad porque aquí estamos todos preocupados de una crisis que ellos mismos generaron”.

La secretaria de Estado agregó que “hemos estado presentando propuestas para enfrentar esta crisis y en la línea de cumplir con un fallo de la Corte Suprema y por lo tanto lo que todos esperamos, tanto el Gobierno como los propios ciudadanos es que las Isapres hagan propuestas”. 

De hecho, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para implementar el fallo del tribunal y la Superintendencia de Salud solicitó una prórroga de seis meses para el cumplimiento de la medida, algo que desde la Corte Suprema fue aceptado.

Aún así, la industria busca evitar este pago argumentando que provocaría la quiebra del sector y el traspaso de sus 3 millones de afiliados al sector público que no contaría con la capacidad de amortiguar esta migración.

Además, un grupo de legisladores de Chile Vamos y Demócratas encabezados por la senadora Ximena Rincón, presentó un proyecto alternativo que busca adecuar los cobros con efecto retroactivo para que el pago de los cobros excesivos se haga con prestaciones y no en efectivo, algo que es rechazado por el Ejecutivo y otros parlamentarios que incluso adelantaron que llevarán la iniciativa al Tribunal Constitucional.