La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) alertó que la ley "Ley Naín-Retamal", en su apartado sobre la legítima defensa privilegiada para las policías, contraviene el derecho internacional.

La iniciativa, despachada esta semana por la Cámara de Diputadas y Diputados y que el Senado votará la próxima, se trata de la fusión de los proyectos "Ley Naín" y "Ley Retamal": el primero aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mientras que el segundo establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

Ambos proyectos tuvieron su origen tras la muerte de dos mártires de Carabineros, cuyas familias estuvieron presentes en las galerías del hemiciclo: el cabo Eugenio Naín, quien murió el 30 de octubre de 2020 cuando concurría en una patrulla policial a un procedimiento en la Ruta 5 Sur, en Padre Las Casas (La Araucanía), y fueron recibidos con disparos; y el sargento Carlos Retamal, fallecido el 11 de octubre del 2022 producto de un fatal golpe con un fierro que recibió durante la fiscalización de una carrera clandestina en San Antonio (Valparaíso).

El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, sostuvo que las disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada "no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos".

"La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad", advirtió en una nota publicada hoy por ACNUDH.

Asimismo, considera que no es preciso señalar que la "legítima defensa privilegiada" habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya tienen esta facultad. Jarab explicó que, "en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad".

En particular, a la Oficina le preocupa la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. "Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso", expresó el representante.

Para la ONU, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza.

Lamentando que "un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil", Jarab pidió a las autoridades chilenas modificar la ley para armonizarla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, saludó la indicación presentada por el Gobierno para acotar y regular de mejor manera el asunto, y alentó al Senado "a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos".

LONGTON DEPLORA QUE ONU "SE INMISCUYA"

Con visible molestia reaccionó el diputado Andrés Longton (RN), uno de los impulsores de la ley: "La ONU una vez más se inmiscuye cuando queremos darles más facultades y protección a nuestras policías para que nos protejan de mejor manera", fustigó.

El también abogado emplazó a Naciones Unidas a que "se preocupen mejor de los derechos humanos, de las víctimas de este país, de las víctimas de Carabineros y las policías que siguen muriendo a manos de delincuentes".