Una serie de ajustes prepara el gobierno al Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) dado a conocer en diciembre pasado por la entonces presidenta Michelle Bachelet.

La iniciativa -que apunta a resguardar, en diferentes materias, los derechos de las personas y que está establecida en la Ley 20.885, que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos- contiene más de 600 propuestas en 15 áreas distintas, que deben ser ejecutadas interministerialmente con plazos que van entre el 2018 y el 2021.

Hace unas semanas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien está cargo de la coordinación y cumplimiento del plan, inició una ronda de reuniones con sus pares de todas las carteras, con el objetivo de iniciar la revisión de las medidas que contiene el plan, lo que ha significado un retraso en su implementación.

De hecho, en la Segpres afirman que durante las próximas semanas la Subsecretaría les debe entregar una propuesta con el plan ya revisado, el que -dicen las mismas fuentes- debe ser coherente con el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

En las reuniones con subsecretarios, Recabarren -quien por estos días se encuentra en Ginebra participando del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas- detalló el contenido del plan, las tareas que les corresponde realizar a cada cartera y los cambios que se deberían implementar.

En la página web del plan se detallan las metas que contiene cada una de las propuestas, la fecha de cumplimiento, recursos financieros disponibles y el estado en que se encuentran. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, una de las medidas que se establece es “la elaboración de un protocolo de actuación frente a toda forma de discriminación, abordando distintos grupos vulnerables”.

En el sitio web se indica que durante el primer semestre de 2018 se debe redactar este protocolo, y que, posteriormente, el segundo semestre se debe realizar una capacitación y difusión. Sin embargo, el mismo sitio indica que aún no está siendo implementado.

En el Ministerio de Vivienda, por su parte, se establece que en este año se debe “desarrollar un convenio con BancoEstado, con el objetivo de aumentar el acceso de las mujeres a los créditos bancarios para la postulación a los programas habitacionales”, el que tampoco está siendo implementado.

Al Ministerio de Justicia, en tanto, le corresponde, con plazo hasta 2019, “promover la creación de una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”. Si bien aún no se concreta, el titular de la cartera, Hernán Larraín, mostró en junio pasado voluntad para avanzar en esta iniciativa.

En algunos ministerios reconocen que no están ejecutando el plan ni tampoco rigiéndose por los plazos establecidos, argumentando que hay materias que tendrían “vicios de legalidad”, aunque agregan que muchas medidas que han impulsado van en línea con el plan. Otros, en tanto, aseguran que ya están trabajando en la elaboración de algunas de las iniciativas.

En este contexto, ante reiteradas consultas de La Tercera, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos argumentan que no han puesto en marcha el plan debido a que están a la espera de que la Contraloría tome razón de éste, proceso que, aseguran, se extiende desde marzo.

Pese a esa versión, en la Contraloría dicen que debido a las modificaciones de “consideración política” y “de contenidos” que está haciendo el gobierno, el decreto que aprueba la ejecución del plan aún no ha sido sometido a toma de razón.

Críticas

En la oposición, particularmente las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado, Carmen Hertz (PC) y Adriana Muñoz (PPD), respectivamente, acusan una “invisibilización” de la agenda del gobierno en esta materia. Además, dicen desconocer que el PNDH esté en revisión.

“La agenda de DD.HH. del gobierno es nula. Hasta ahora lo único que hemos conocido es algo extremadamente negativo, como fue el retirar el proyecto de ley que entregaba un aporte que yo he llamado ‘miserable y tardío’ de 3 millones de pesos a los ex presos políticos. Eso es lo que ha hecho el gobierno”, dice la diputada Hertz.

La senadora Muñoz, en tanto, afirma que “no hemos recibido ninguna información desde el gobierno en relación a revisar o modificar el plan del gobierno de la presidenta Bachelet”. Y agrega: “Si se llevara a cabo aquello, creo que habría que verlo con pinzas, porque tenemos diferencias profundas con el actual gobierno en materia de defensa de los derechos humanos”.