A pocas semanas de que termine el plazo para que el gobierno envíe indicaciones al proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre y crea un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, la oposición le presentó al Ministerio de Defensa una nueva propuesta para modificar el mensaje inicial, que se encuentra en primer trámite en el Senado y que ha sido calificado por el sector como “insuficiente”.

Fue la semana pasada cuando los asesores de los senadores Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) propusieron ante la comisión técnica -conformada por la cartera liderada por Alberto Espina para lograr un texto consensuado con la oposición- que la normativa margine a las FF.AA. de las decisiones de compra y evitar así casos de corrupción.

En una minuta que fue entregada a representantes de Defensa en esa instancia, los parlamentarios advierten que “la discusión legislativa sobre el Fondo Plurianual de las Capacidades estratégicas de la Defensa abre la oportunidad política y legislativa para diseñar un nuevo sistema de adquisiciones y compras donde haya transparencia, profesionalismo y rendiciones de cuenta que eviten las situaciones de corrupción que hemos conocido en los últimos meses ligados al sistema de compras militares y policiales”.

En concreto, los parlamentarios proponen que en el caso de las adquisiciones normales de bienes y servicios de las distintas ramas de las FF.AA. “todas las compras con cargo a la ley de Presupuesto anual sean efectuadas a través del sistema que administra la dirección de Chilecompra, garantizando transparencia, competencia real entre proveedores y adecuados precios”. En ese sentido, en el documento agregan que eso “puede permitir importantes ahorros y prevenir eventuales conflictos de interés”.

En el caso de las compras de material ligado a la actividad de la Defensa, las que serán financiadas con cargo al Fondo Plurianual de Competencias Estratégicas, desde la oposición plantean crear una Agencia de Compras “como servicio público altamente profesionalizado, dependiente del Ministerio de Defensa, cuya función principal sea desarrollar el proceso de compras de equipamiento militar que se financia con los recursos del Fondo Plurianual y que se emanan de la planificación aprobada en la política nacional de Defensa”.

Funciones y criterios

Según la minuta de la oposición, el sector propone que entre las principales funciones de este organismo especializado deberían estar recibir y administrar los requerimientos de compras y aprovisionamiento del Ministerio de Defensa en materia de adquisiciones de armas y su mantenimiento; generar las licitaciones públicas nacionales e internacionales para las adquisiciones ligadas al Fondo; administrar y formular los contratos asociados al material que se está adquiriendo; resolver los problemas técnico-jurídicos que emerjan de las negociaciones en consulta al ministerio de Hacienda y de Defensa, y gestionar los respectivos desembolsos que emanan de los contratos en coordinación con el Banco Central.

Inhabilidades y sanciones

En cuanto a los criterios que debiesen regir al organismo, la oposición propone que el equipo de dirección superior sea seleccionado por concurso vía Alta Dirección Pública y que en la secretaría técnica sean todos elegidos por concurso.

Asimismo, agregan que los postulantes deben tener una trayectoria profesional de, a lo menos, 12 años. Esto, sometido a normas especiales de probidad y supervisado por la Unidad de Asuntos Financieros.

Además, en materia de inhabilidades se plantea que no podrán integrar dicho organismo quienes hayan sido oficiales superiores de alguna de las ramas de las FF.AA.; quienes hayan participado de la gestión de intereses en la industria de armas en los últimos diez años, ya sea en Chile o el extranjero; quienes tengan familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad asociados a la industria de armamentos; y quienes hayan participado en decisiones asociadas a compra de armas en los últimos cinco años.

Asimismo, la propuesta de la oposición establece sanciones “administrativas y penales” para aquellas empresas que sean detectadas en situaciones de corrupción, “lo cual supone elevar el actual código sancionatorio que aplica a compras efectuadas a través del sistema Chilecompra”.