Foto: La diputada Catalina Pérez y su pareja, Daniel Andrade

Los diputados Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida, (UDI) llamaron a la Fiscalía Nacional a abrir una investigación por el caso que involucra a la diputada Catalina Pérez (RD), luego que se informara que el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras -quien renunció este sábado a su cargo y también militante de Revolución Demócratica (RD)-, entregó más de $426 millones a la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es la pareja de la parlamentaria del Frente Amplio, Daniel Andrade, también militante RD, que a su vez es asesor del ministerio de Defensa en Santiago.

Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente grave” la situación que compromete a una de las vicepresidentas de la Cámara Baja, los parlamentarios de la derecha aseguraron que resulta “indispensable” que el Ministerio Público actúe frente a lo que se ha denunciado, sobre todo dado que el ahora exseremi Minvu también se desempeñó como asesor legislativo de la diputada Pérez.

“La situación que involucra a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados es absolutamente grave, y no basta con la renuncia del seremi de Vivienda y Urbanismo ni con la investigación ante la Contraloría que solicitó la propia parlamentaria. Aquí debe ser la Fiscalía la que abra una investigación por este caso, porque al menos los antecedentes que se tienen a la vista pueden ser constitutivos de delitos”, manifestaron los diputados UDI, quienes agregaron que “es evidente la relación que existe entre estas tres personas, por lo tanto es fundamental que se indague cualquier delito que eventualmente pudiese haber existido detrás de estos millonarios contratos”.

Pareja de diputada también es asesor en el ministerio de Defensa

La pareja de la diputada Pérez, Daniel Andrade trabaja en el Ministerio de Defensa desde octubre de 2022, haciendo según su contrato "seguimiento, división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas de la defensa nacional, seguimiento legislativo, generación de informes y articulación política".

Y sobre sus experiencias previas, realizó funciones como analista de estudios y política del Ministerio de Obras Públicas (agosto a septiembre de 2022) y asesor de política medioambiental en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (febrero a agosto de 2022).

Los millonarios "raros convenios" de la Seremi de la Vivienda en Antofagasta con la empresa de la pareja de la diputada Pérez. En sólo 2 meses obtuvieron 426 millones de pesos

El primer convenio con la Seremi de Vivienda fue realizado el tres de octubre del 2022 y asciende a 200 millones de pesos. El objetivo del aporte es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”. Así reza textual el pago por 200 millones de pesos.

El siguiente convenio por 170 millones de pesos tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”. El último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

Exigen despedir del ministerio de Defensa a la pareja de la diputada

Los diputados Alessandri y Fuenzalida exigieron al ministerio de Defensa desvincular de dicha repartición a la pareja de la diputada Pérez, quien se encuentra contratado como asesor desde octubre del año pasado, asegurando que “a todas luces estamos frente a un caso que debe ser investigación tanto por la Contraloría General de la República como por la Fiscalía, de manera que el Gobierno no puede pretender que se mantenga en el cargo a uno de los involucrados directamente”.

“Si ya era cuestionable la contratación de la pareja de la diputada Pérez en la Subsecretaría de Defensa, ahora más que nunca se hace necesario su desvinculación. Estamos hablando de la misma persona que, siendo el representante legal de una fundación en Antofagasta, se adjudicó más de $426 millones a manos de un exasesor de su propia pareja. Esa es la gravedad de este caso, y por eso creemos indispensable que el señor Daniel Andrade deje su cargo en el Gobierno, sin perjuicio de que la Fiscalía abra una investigación por posibles delitos”, reiteraron los parlamentarios UDI.

Por último, los diputados Alessandri y Fuenzalida manifestaron que “llama la atención que el mismo sector que durante años se ha considerado moralmente superior que el resto, que han vociferado con el eslogan de no más pitutos y que prometieron no utilizar el Estado para sus beneficios personales, hoy estén involucrados en un millonario negocio que, al menos, da para sospechar”.