La Contraloría General de la República dictaminó que protocolo de Objeción de Conciencia no se ajusta a derecho.

Recordemos que en 2018 el Gobierno de Piñera emitió cambios en el protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en tres causales, regulando a las instituciones y trabajadores de la salud que podían interrumpir el embarazo.

De esta manera, el ente fiscalizador analizó dicho protocolo, resolviendo que no se ajustaba a derecho  debido a que los establecimientos no pueden invocar la objeción de conciencia, ya que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud.

También, precisaron que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público deberían sustituir a los servicios de salud que forman parte de la Red Pública de Salud.

Cabe destacar que la Ley de despenalización a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales se promulgó en 2017, en donde las mujeres podrán abortar por peligro de vida, inviabilidad del feto y violación.

El encargado de hacer el protocolo fue el ministro de Salud, Emilio Santelices, militante de RN.