La Contraloría General de la República abrió un sumario por eventuales irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros de Chile. La empresa que obtuvo la licitación ingresó fuera de plazo y además entregó productos que no cumplían con los requisitos al momento de la adjudicación; específicamente la función “post recording” que permite continuar la grabación por 120 segundos luego que la cámara es apagada.

La compra se realizó en 2020 por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito por un monto mayor a $378 millones, mientras Katherine Martorell (RN) – actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel- estaba a la cabeza del organismo. 

Katherine Martorell es la única vocera que tiene desde hace semanas, el candidato Sebastián Sichel. Este jueves, la vicepresidenta de la UDI, Isabel Plá, renunció a la vocería del comando presidencial del candidato oficialista. 

Cambio21 conoció por fuentes del comando, que la vocera Martorell podría renunciar al comando para no salpicar con sus problemas al candidato presidencial, que ha estado en el huracán de las polémicas en las últimas semanas.

A la licitación se presentaron ocho empresas. La Contraloría General de la República en la auditoría N°277 determinó que Motorola Solutions Chile S.A. presentó su propuesta fuera de plazo,  al igual que otras cuatro. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito visó la adjudicación en marzo de 2020 en la resolución exenta N°493.

La entidad señala en la auditoría que al momento de la licitación Motorola no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función post recording, exigencia que figuraba en las bases del concurso.  

De acuerdo a la Contraloría, las cámaras Edesix VB-400 propuestas por Motorola Solutions Chile S.A. no disponían de post recording al momento de la adjudicación, 11 de marzo.  El informe de auditoría señala que se verificó lo anterior mediante la revisión de las fichas técnicas e historial de versiones disponibles en la página web del fabricante. La misma fuente evidencia que el 25 de ese mes aparece publicado que la cámara dispondría del post recording.

En una carta a la Subsecretaría en junio de 2021, Motorola explica que las cámaras adquiridas venían con el firmware V.14.2.3 instalado al momento que fueron fabricadas, embaladas y almacenadas; pero que la versión de firmware que realiza la activación de post recording es la V14.5.0 en adelante; liberada en agosto de 2020.  Asimismo, señala que la versión fue actualizada en un proceso sencillo y se liberó anticipadamente a la Subsecretaría.

 La Contraloría también  verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes que tuvo a la vista  la comisión evaluadora para analizar las ofertas recibidas, y por tanto no hay registró de cómo tomaron las decisiones.  

Otro de los puntos que analiza la auditoría es el puntaje máximo que se adjudicó a Motorola en el atributo "Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura de las oferta". Sin embargo, según consta en el acta de evaluación con fecha 6 de marzo, la empresa no dispuso el anexo sobre el plazo de entrega total del sistema.

 Por los antecedentes señalados, la Contraloría concluye e instruye la apertura de un sumario para determinar responsabilidades de carácter administrativas. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que se determine la eventual configuración de delitos.

Cronología

1. 29 de enero de 2020: La Subsecretaría de Prevención del delito publicó en Mercado Público el llamado a licitación pública para la “Adquisición de Sistemas de Cámaras Corporales”.

2. 28 de febrero de 2020: Se cierra el periodo de presentación de ofertas y la entidad licitante (SPD) dejó constancia de ocho propuestas recibidas:

3. 6 de marzo de 2020: Mediante acta la Comisión Evaluadora designada para la licitación deja constancia que seis de las ocho empresas que postulantes fueron declaradas inadmisibles. Las dos restantes son Tecnología Sociedad Limitada (Smart Partners) y Motorola Solutions Chile S.A.

Se sostiene que Smart Partners excede el presupuesto ($463.716.896), por tanto se propone adjudicar la licitación pública a Motorola Solutions Chile S.A.

 Se consigna además, que Motorola ofreció cámaras corporales marca Edesix, modelo VB-400, que son más convenientes a los intereses de la Subsecretaria de Prevención del Delito, “siendo la que mejor satisface los requisitos técnicos exigidos y , a la vez, se ajusta en conformidad en el ámbito económico”.

4. 11 de marzo de 2020: Se aprueba la adjudicación de la licitación a la empresa Motorola a través de la resolución exenta N°493, cuya oferta económica ascendía  la suma de $318.400.000 sin IVA.

5. 16 de marzo de 2020: La empresa The Pengasus Group Company S.A interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución de la subsecretaría, por haberlos declarado inadmisible, y por considerar que la empresa Motorola no cumplía con los requisitos establecidos en el proceso licitatorio.

6. 18 de marzo de 2020: El contrato de Motorola es suscrito y se aprueba por decreto el 16 de abril de 2020, con una duración de un año.

7. 28 de abril de 2020: La Subsecretaría de Prevención del Delito rechaza el recurso de reposición de la empresa The Pegasus Group Company S.A.

8. 17 de junio: The Pegasus Group Company S.A .presenta una querella ante el Ministerio Público por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público.