El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó duramente al Presidente Piñera a raíz que éste goza de una playa concesionada -para efectos concretos, privada- en el Lago Caburgua, en la Región de La Araucanía.
A juicio de Jadue, en este episodio "una vez más el Presidente Piñera oscila - sin mayor incomodidad ni pudor- entre la delgada línea de lo legal y lo ético", mientras que contribuye a asentar "la sensación de que existen chilenos de primera y segunda categoría".
"Entre los de primera se encuentran aquéllos para quienes la ley pareciera no existir, sobre todo al tratarse sus propios intereses y los de sus familiares. Entre los de segunda, la gran mayoría del país, que si osa transitar al margen de la ley, caerá sobre ella todo el peso de la misma", reflexionó Jadue en una columna de opinión publicada en Cooperativa.
Jadue resalta que un particular puede acceder a una concesión de bien nacional de uso público, "pero no para uso privado, sino para actividades económicas", y éste "no es el caso".
"El Presidente de la República, luego de ocupar ilegalmente un bien nacional de uso público por varios años, decide regularizar dicha situación, aprovechando que esa resolución depende de sus subordinados directos y de confianza", escribe.
Jadue destaca que "entre los antecedentes que fundaron el otorgamiento de la concesión es posible advertir la intervención de varios empleados públicos, quienes a la fecha (durante el primer Gobierno de Piñera) eran sus subordinados en cargos de exclusiva confianza".
"La administración resuelve de una solicitud del Jefe de Estado, su superior jerárquico, pero en calidad de particular, lo que claramente es impresentable. Lo que subyace aquí es un problema ético-legal, y cuando el ministro de Bienes Nacionales dice que 'en Chile no existen playas privadas', se equivoca, existen en los hechos", continuó, replicando a las declaraciones rendidas sobre el asunto por Felipe Ward.
Así que Piñera se adjudicó a si mismo SIENDO PRESIDENTE una playa privada? Que bonito, a ver si el ministro @Felipeward nos explica.
Le explico: el decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el gobierno anterior. En ese decreto se establece que esta playa es pública, tal como todas las playas de Chile.
Según Jadue, lo que evidencia este caso es que "Piñera no cree ni respeta el dominio público, no cree que los bienes nacionales de uso público sean una excepción a la libertad de adquisición", pues "de lo contrario no pretendería actuar como dueño, instalando una cancha de tenis y otras obras civiles para su goce privado, o cualquier otra que difiriera del desarrollo de una actividad productiva o de un fin de interés público".