Sebastián Piñera presentó este lunes los integrantes del consejo para la modernización del Estado, instancia que estará liderada por el ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza. La instancia tendrá como objeto asesorar al Presidente en materias de reforma al Estado, aportándole visión de largo plazo, transversalidad, sentido de urgencia y continuidad al proceso de modernización, explicaron desde La Moneda.

Además, en 100 días deberá entregar un plan en esa línea. "En nuestro caso, el Estado creado en siglo XIX, parchado en el siglo XX, va a ser modernizado en el siglo XXI", comentó Piñera, agregando que es necesario pensar en "cómo podemos hacer que el Estado le simplifique y no le complique la vida a nuestros compatriotas".

Además de Mendoza, el grupo está integrado por 12 personas: Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público; Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21; Luis Larraín, director ejecutivo del Libertad y Desarrollo; Leonidas Montes, director del CEP; Jeannette Von Wolffersdorff, directora de la Bolsa de Santiago, Javier Ectcheverry, ex ministro de OO.PP; Beatriz Corbo, integrante del consejo de Alta Dirección Pública; Claudio Muñoz, presidente de Telefónica e Icare; Ignacio Irarrázabal, director del centro de políticas públicas de UC; Mario Waissbluth, líder de Educación 2020; Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia; y Salvador Valdés, miembro de Clapes UC.

A juicio del Mandatario, modernizar el Estado no va a ser una tarea fácil. "Van a haber muchas dificultades en el camino", pues se cambiarán leyes, tecnología y también cambiará una "cultura". Los objetivos de modernización del Estado son "hacer más fácil, más económico y más simple" la relación del Estado con los ciudadanos y añadió que la comisión que nombró será "un gran aliado para quebrar resistencias".

Transformación digital

Además de lo anterior, el Presidente presentó el proyecto de ley de Transformación Digital que busca impulsar la obligatoriedad del soporte electrónico para los procedimientos administrativos y darle validez jurídica a los documentos originales en papel digitalizados.

De acuerdo con estimaciones oficiales, se gastan anualmente US$108 millones en papel de impresión, fotocopiado, impresión de carpetas, archivadores, bodegaje de documentos y envío de cartas certificadas. Además, se estima que entre el 30% y el 50% del tiempo de nuestros funcionarios se utiliza en gestión de papeles, buscarlos, clasificarlos, moverlos y gestionarlos.

El costo medido en remuneraciones es de US$1.000 millones al año. Los servicios públicos emiten unos 75 millones de certificados al año. De ese total, 70 millones son derivados de 15 certificados y se estima que 30% de esos trámites se obtienen presencialmente.