La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, reconoció en Cooperativa que la presencia de Javiera Blanco dentro del organismo terminó siendo "un elemento perturbador" para su funcionamiento.

Entrevistada este martes a raíz de la renuncia de la ex ministra, Manaud aclaró que no fueron sus sucesivas inhabilitaciones la causa de las dificultades, ya que esto puede considerarse incluso habitual.

"Lo que sí podría estimarse que era complejo era su condición de involucrada o imputada –según un par de fiscales- en investigaciones de carácter penal, en materias en que, precisamente, el Consejo de Defensa del Estado tenía que intervenir. Como dijo un ex presidente del Consejo, el señor (Juan Ignacio) Piña, era un elemento perturbador", señaló Manaud. 

La abogada explicó que "no es sencillo tener que tratar en forma extremadamente reservada investigaciones penales e, incluso, tampoco se le pueden encomendar abogados del Servicio, porque no puede un abogado opinar o investigar a un superior jerárquico. Eso es bastante complejo".

Consultada por si la ex titular de Justicia demoró en demasía su dimisión, contestó que "ella tiene todo el derecho a ser respetada en cuanto a su presunción de inocencia, y ella puede haber estimado que en el tiempo en que estuvo vinculada al Consejo pudo haber demostrado esa inocencia. Lamentablemente, las circunstancias no se le dieron de esa forma".

María Eugenia Manaud comentó también los cambios anunciados por el Presidente Sebastián Piñera para el funcionamiento del Consejo, donde destaca la imposición de dedicación exclusiva de los consejeros y el fin de las designaciones hasta los 75 años, para fijarles plazos determinados.

"La verdad es que ahí no coincido mucho con el Presidente. A través del Ministerio de Justicia han tenido la deferencia de consultarnos la opinión y estábamos enterados de este proyecto de ley", dijo Manaud, que valoró la mención de "aspectos abordables", como el establecimiento de "un sistema concursal más abierto" para el nombramiento de los consejeros.

"Lo que no comparto es que el establecimiento de un periodo o la transitoriedad en el cargo vaya unida a la exclusividad, porque ambos factores juntos van a hacer prácticamente imposible obtener destacados litigantes o docentes que se interesen en pertenecer al organismo", advirtió.

"Si un litigante exitoso –que es lo que le interesa 'capturar' al CDE- tiene que abandonar su oficina por un plazo de ocho, 10 ó 14 años y perder toda su clientela, alejarse del medio para después retornar, incluso con un periodo de vacancia de por medio, hace muy difícil adoptar una decisión en ese sentido (...) Se requeriría de una gran vocación de servicio público para hacer algo así", subrayó.

Manaud resaltó que "no puede ser un abogado junior, recién recibido, quien se interese por un cargo de este tipo, pero no necesariamente una persona de 40 ó 50 años, con experiencia, piensa que ése va a ser el último trabajo de su vida".

Explicó además que "los 75 años no es un beneficio, sino que, al igual que en el caso de los jueces, es garantía de independencia, porque el CDE es y debe seguir siendo un organismo especializado y técnico, totalmente independiente del Ejecutivo y de otros poderes públicos, para poder desarrollar su labor a cabalidad".

En resumen, "lo que yo señalo es que no debería ir de la mano la fijación de un periodo de tiempo junto con la exclusividad. Estimo que habría que elegir uno de los dos métodos, pero no los dos juntos", concluyó.