"Poder Judicial y Derechos Humanos: labor y proyección", es el título del seminario que llevó a cabo este miércoles en la Corte Suprema, en el que se analizó el trabajo de los tribunales del país en torno a las violaciones a los derechos humanos, que se realizaron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En la actividad el Poder Judicial declaró que entre el 2002 y 2018, se han dictado 447 sentencias por delitos de lesa humanidad. Dentro de ellas 394 corresponden a materias penales y 53 a civiles.

Según se detalló por delitos, 175 fallos son de secuestro calificado, 108 por homicidio calificado, 50 corresponden a homicidios simple, 37 a secuestro simples, 16 por detención legal y nueve por torturas, entre otros. También dentro de este periodo se acogieron 217 demandas de indemnización de perjuicios por un total que oscila en los 55 mil millones de pesos.

Actualmente, son siete los ministros que están indagando sobre los delitos contra los derechos humanos en el país. Entre 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia.

El año pasado se cerraron 151 sumarios, se dictó 72 acusaciones en contra de 322 ciudadanos y se iniciaron 245 nuevas causas. En esa línea, durante el seminario, el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito afirmó que "Chile es un país que ha dado pasos relevantes al sancionar penalmente las infracciones a los derechos humanos, constituyéndose en un ejemplo para avanzar en justicia y paz social".

En tanto, durante el primer panel, el ministro Lamberto Cisternas, habló sobre el rol de la Corte Suprema en las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad durante 1973 y 1990, además, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto y la docente de la Universidad Austral, Daniela Accatino, hablaron sobre la evolución que han tenido las indagaciones en el país.

"Ciertamente hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos, que escaparon, o pudieron escapar, del círculo vicioso constituido por el conjunto de situaciones descritas. Ellos tienen un lugar destacado en la historia de esos años, principalmente por el respaldo moral que emana de sus actuaciones", comentó Caucoto.

Además, agregó que el Poder Judicial es el que tiene el mayor peso respecto los derechos humanos, ya que en Chile no se han entregado soluciones políticas en este ámbito. El jurista destacó que un punto clave fue el tratamiento jurisdiccional del caso Letelier, "de ahí en adelante cada vez más se asumió, con mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos".

Por otro lado, aseguró que la jurisprudencia se ha uniformado, ya que no se aplica en estos casos la ley de amnistía. Con respecto a la atención de las causas de lesa humanidad, "la inversión de recursos ha sido de gran nivel", expresó.

Aquello se demuestra por las instalaciones de ministros en visita, la Coordinación Nacional, la oficina de Memoria Digital, las causas en tramitación, incluso en la suma total fijada para las indemnizaciones, que es aproximadamente de $55 mil millones.

Esta evolución en la jurisprudencia, de acuerdo al abogado, se observa en la aceptación de no aplicar amnistía, en "la imprescriptibilidad de las acciones, penales o civiles y en la fijación prudencial de indemnizaciones".

Por otra parte, en el segundo panel del seminario se habló sobre "Derechos Humanos y justicia laboral: Cuánto hemos avanzado en respetar y proteger los derechos de los trabajadores", a cargo de este punto estuvo la ministra Gloria Ana Chevesich.

En esta instancia, reflexionó sobre la importancia de realizar actividades que den cuenta del rol de la Corte Suprema con respecto a los "derechos fundamentales de las personas". "Hemos modificado la jurisprudencia que rigió hasta 2014 y hemos tratado de dar una tutela judicial efectiva en materia de haciéndola aplicable a los funcionarios públicos y diferente temas relativos a los derechos de los trabajadores", aseguró Chevesich.