La memoria histórica de nuestro joven país suele resentirse de aquellos elementos violentos que la componen. Resulta difícil poder seguir el rumbo de la democracia cuando no se ha construido la ruta de ese tránsito.

 

Los hechos sangrientos que se vivieron en dictadura no han quedado atrás, y la superación sana de esos recuerdos es una obligación ciudadana y política.

 

Sin embargo, ha sido delicado. Poder establecer reglamentos y miradas afines y democráticas no ha sido posible en los 27 años de democracia.

 

 

 

Es común que se intente justificar, minimizar o incluso negar los delitos de lesa humanidad que ocurrieron bajo la administración de la Junta de Gobierno. Los desaparecidos y los muertos no han encontrado tranquilidad, mucho menos sus familiares y el país.

 

La falta de consideración frente a lo sucedido hace que como país difícilmente podamos caminar la ruta democrática de forma unida y ciudadana. Cosa que otros países ya han revisado y zanjado.

 

Es por esto que en el Congreso Nacional se discute un proyecto que busca establecer sanciones de cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.

 

Sin embargo, el proyecto lleva 6 años en el Parlamento, y se estima que la discusión no tiene una fecha tope.

 

 

El tema resulta ser bastante complejo, dada la fuerte carga histórica, pero sí merece una mirada dice el abogado Héctor Salazar.

 

“En término de opiniones jurídicas, hay distintas posiciones, este debate existirá siempre. Personalmente trataría de que se buscara, además, que la tesis que establece el tratamiento de los delitos de lesa humanidad tenga una aplicación más severa. Que no prescriban y que se asiente como jurisprudencia de nuestros tribunales”, indicó el abogado.

 

“Me parece que el debate debe permitir las diversas y diferentes miradas que la realidad suscita. Si se quiere penalizar que hay personas que dicen que no existen los delitos de lesa humanidad, es un absurdo, pues están categorizados por organismos internacionales”, complementa.

 

“El tema de lo opinable frente a los hechos históricos, como la minimización, refleja las dos miradas y posturas frente a un mismo hecho. Refleja el debate histórico y sus distintas aseveraciones, pero yo no buscaría meter preso a alguien por hacer este tipo de comentarios”, concluyó Salazar.

 

El diputado socialista Osvaldo Andrade, uno de los firmantes del proyecto, reconociendo que puede afectar la libertad de expresión “no hay infamia más grande que negar que esto ocurrió. Estaba dispuesto a discutir incluso con quienes la justifican, es razonable que alguien dé razones y fundamentos de por qué ocurrieron estas cosas, es razonable y lícito, pero negarlo es una infamia”, aseguró.

 

“Podría discutir con quienes dicen que los marxistas querían comerse los niños, porque eran unos tales por cuales, todo eso podía discutirlo, que el contexto histórico, etc., pero que lo nieguen...no”, comentó.

 

“No hay infamia más grande para una víctima, que el que le nieguen que le sacaron el hijo de la casa y lo hicieron desaparecer. No se puede negar la existencia del secuestro ni tampoco la existencia de la tortura”, afirmó.

 

Otro de los firmantes del proyecto, el diputado Sergio Aguiló fue claro al describir el proyecto.

 

“Fue una iniciativa que tuvo su origen hecha por el diputado Tucapel Jiménez, donde se estudió la experiencia legislativa alemana frente al llamado “negacionismo” frente a los crímenes de guerra. En Chile hay gente que de forma sistemática se ha dedicado a negar las violaciones de los derechos humanos en dictadura, en contra de las investigaciones técnicas que se han realizado”, explicó.

 

“Se busca prohibir los homenajes a los victimarios, a los criminales y al tirano. La ley busca evitar cualquier amenaza a la paz social. En el principio de la entrega del proyecto se buscó que los expertos dedicados en la materia fueran los que identificaran los casos y la redacción del proyecto”, aseguró el parlamentario de Izquierda Ciudadana.

 

“Sobre lo que ha generado en el Parlamento, toda la derecha tiene una opinión completamente contraria. Esto refleja una lamentable característica de nuestro país: que la derecha es heredera de la dictadura y como tal niega toda recriminación a ella. Además, alega su derecho a homenajear sus logros. Situación que no se da en otros países”, finalizó.