Por María Cristina Prudant
“Esta maniobra (el caso Caval) para empatar el caso Penta contó con dos incautos: una codiciosa y un incauto”, dice Andrade.
Los hijos de los últimos presidentes de Chile, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un protagonismo inusual, mediático que no se compadece con el cargo que ostentan sus progenitores.
El Caso Caval involucró a Sebastián Dávalos y la nuera de la ex mandataria, Natalia Compagnon con evidente daño para el gobierno de Bachelet.
Actualmente, los hijos de Piñera, Sebastián y Cristóbal también han estado en el ojo del huracán por su participación en el viaje del mandatario a China y luego las denuncias que apuntan a que la empresa de Cristóbal Piñera Morel, Hopin Inc, fundada junto a un grupo de amigos, ha recibido $250 millones por contratos con el Estado durante el actual gobierno de su padre.
También hay otros hechos que han puesto en el ojo público al Caso Caval como la guerra declarada entre los fiscales Sergio Moya, quien denunció a su jefe Emiliano Arias por tráfico de influencias en el marco del Caso Caval.
Del mismo modo, se vuelve a conocer y a hablar de la clara participación de un grupo de militantes de la UDI en el Caso Caval.
A raíz de las acusaciones mutuas entre los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, se descubrió la estrecha relación que mantenía Arias con el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) y los vínculos de Moya con la inteligencia de Carabineros. Una mujer que entregó datos a Chadwick y este la derivó donde el fiscal Arias por ser de su “entera confianza” les permitió desbaratar un grupo subversivo durante los incendios forestales que estaban siendo investigados por Arias.
Otra señal de cercanía entre Arias y el ministro del Interior fue la publicación –hecha por radio Biobío– de un chat entre Chadwick y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, fechado en abril de 2017. En ese mensaje el ahora ministro le pidió a la autoridad comunal que interviniera públicamente en favor del fiscal Arias cuando este fue sumariado por orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz de sus declaraciones en la causa por los incendios forestales de 2017.
La mujer en cuestión con su versión también demostró los cercanos vínculos que por años ha mantenido el fiscal Sergio Moya con agentes de inteligencia de Carabineros.
Mucha agua ha corrido bajo el puente en la que aparecen involucrados Arias y Moya.
El cuestionario para Bachelet
Según el abogado José Luis Andrés, que defiende a Emiliano Arias la Fiscalía Nacional limitó el cuestionario de preguntas a Michelle Bachelet por caso Caval. Al parecer, el interrogatorio contaba con 15 preguntas de las cuales desde la Fiscalía Nacional fueron devueltas 5. Pero, Moya no siguió las instrucciones y aplicó el cuestionario de 15 preguntas.
El fiscal Moya apuntó que el desarrollo de la causa Caval fue afectada por una serie de "consideraciones de carácter político", tendientes a moderar el daño de la investigación tanto para los gobiernos de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera.
Además destacó que "la única intervención que el fiscal Arias tuvo en la causa Caval fue la comparecencia de una audiencia de procedimiento abreviado con el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín".
"Yo consulto por qué personalmente asumía solo esa audiencia, y me manifiesta que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia de que asumiera el nuevo Gobierno (de Sebastián Piñera), con el cual podían asumir familiares como funcionarios importantes del nuevo Gobierno", recordó.
Según Moya, a Emiliano Arias le preocupaba "que había que resolver el tema pronto, para que el caso Caval, así como afectó al gobierno anterior, va a afectar al gobierno siguiente".
"A mí me pareció inadecuado y no concurrí a esa audiencia", explicó, destacando además que ante dicha actuación "la jueza de garantía rechaza ese abreviado (...) porque las penas que se estaban pidiendo eran muy bajas y era imposible dar lugar a aquellas, porque no cuadraban con el Código Penal".
"En definitiva, había una serie de afectaciones a la causa por consideraciones de carácter político", señaló Moya, apuntando además que Arias recurrió a la Corte Suprema contra las decisiones de Elgueta sólo "cuando afectan a Dávalos y Compagnon", y al mismo tiempo buscó una salida rápida para el síndico de quiebras Chadwick Larraín, primo del ministro Andrés Chadwick.
Cabe destacar que la Corte Suprema rechazó un recurso de queja y confirmó la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, quien fue imputado en el denominado caso Caval por los delitos de negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho.
Dávalos dijo que "la Fiscalía está acostumbrada a filtrar información para tratar de demostrar que los imputados son culpables. El único que puede determinar eso es un juez. Hasta que eso no ocurra, sigo siendo inocente y fui absuelto categóricamente de todas las imputaciones que me hicieron todos los querellantes del caso Caval, entre los que se encuentran varios diputados de la República, ministros del actual Gobierno y subsecretarios. Ellos tendrán que responder ante la justicia por todas las injurias, calumnias y demases que me he tenido que tragar en estos años".
Por último, Dávalos endureció su discurso al hacer referencias sobre Arias: "El fiscal Arias y la fiscal Allende están imputados por delitos, y este mismo tribunal es el que consideró que esa querella tiene forma y fondo. Si el fiscal Arias está tan convencido de que soy culpable de algo, que me lleve a juicio aquí y ahora. En vez de eso, sigue pidiendo plazos porque sabe que no tiene nada".
Un verano caliente
Los chilenos estaban, en su mayoría, disfrutando de sus vacaciones. Lo mismo hacía la Presidenta Michelle Bachelet en Caburgua junto a su familia y amistades. Era febrero de 2015 cuando en la desaparecida Revista Qué Pasa apareció la bomba noticiosa que, con ribetes de escándalo, comenzó a reproducirse.
Por fin un punto débil de Bachelet, su hijo Sebastián Dávalos junto a su esposa, Natalia Compagnon aparecieron involucrados en un supuesto tráfico de influencias e información privilegiada debido a que obtuvieron un crédito en el BancoChile por más de alrededor de seis mil 500 millones de pesos con la anuencia del empresario Andrónico Luksic, dueño del mencionado banco y que fue aprobado un día después de que Michelle Bachelet, el 13 de diciembre de 2013, ganara la elección presidencial.
De ahí en adelante no hubo tregua. El Caso Caval pasó a ser la noticia del momento con el impresionante apoyo de la televisión y los medios de la derecha y con ello el escándalo.
Le cayó del cielo a la derecha que lo destacó como un grave hecho de corrupción, tratando de empatar los hechos acontecidos por el financiamiento irregular de la política chilena, cuya protagonista principal fue la UDI, encabezada por líderes como Jovino Novoa, y también Jaime Orpis, Pablo Longueira, Laurence Golborne, Pablo Wagner, Pablo Zalaquett, Iván Moreira y otros personeros de la UDI.
El escándalo político nunca antes descubierto en nuestro país pasó a ser un caso judicial de carácter penal. Y empezó el desfile de políticos, empresarios, secretarias, amigos de los imputados en los tribunales. Obviamente que sin castigo para los principales involucrados y en el peor de los casos con clases de ética como ocurrió con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín dueños de Penta ambos financistas de la UDI con fraudes tributarios.
El préstamo obtenido por Caval fue utilizado en la compra de un terreno en Machalí, comuna cercana a Rancagua, con el objetivo de revenderlo para desarrollos inmobiliarios. La tradicional “pasada”, que rinde muy buenos dividendos...
Fueron adquiridos tres predios en la comuna de Machalí: los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia, que con la modificación del plano regulador que se supone se concretaría muy pronto, las ganancias para Compagnon, Dávalos y compañía serían enormes.
El contrato de compraventa fue firmado en la notaría de Patricio Raby el 17 de enero de 2014, donde la empresa Caval, representada por Mauricio Valero Illanes —socio de Natalia Compagnon, con un 50 % de la propiedad cada uno—, adquirió las 44 hectáreas a la familia Wiesner, representada por el síndico de quiebras Herman Chadwick y la señora Helga Riffart.
El 11 de marzo de 2014 los terrenos fueron inscritos a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Los que perdieron fueron los habitantes de Machalí ya que se suspendió el cambio de suelo y con ello la posibilidad de construir soluciones alternativas para los automovilistas puesto que ha crecido demasiado la población de esa comuna y ahora se producen enormes tacos en las horas peak.
La UDI detrás del caso Caval
A medida que avanzó el Caso Caval fue quedando en evidencia que casi todos los involucrados habían sido operadores políticos de las UDI como el socio de Compagnon, Mauricio Valero. Y lo más grave, algunos estuvieron relacionados con los servicios de seguridad de la dictadura.
Tal es el caso de Sergio Bustos quien participó en la trama como operador ante bancos y destapó el caso en una demanda por no pago de supuestos honorarios por su intervención en la obtención del crédito por $6.500 millones que sirvió para adquirir las propiedades. Tenía cuentas pendientes en casos de Derechos Humanos era un ex ayudista de la DINA que trabajó bajo las órdenes de Manuel Contreras. Su nombre aparece en una de las fichas rescatadas desde Colonia Dignidad.
Fue declarado reo por la muerte de tres militantes del MIR en la localidad de San Carlos, al sur del país en el año 1974. En aquel entonces Bustos era un connotado militante de Patria y Libertad, grupo paramilitar que tras el golpe de Estado participaba activamente en la detención de partidarios del gobierno derrocado e incluso en torturas y crímenes, como se ha denunciado en innumerables causas de DDHH.
Natalia Compagnon reveló en sus declaraciones judiciales el rol que habrían tenido dos dirigentes de la UDI en el cuestionado negocio inmobiliario de Caval. En su declaración frente al fiscal Luis Toledo aseguró que Patricio Cordero y Juan Díaz -ambos militantes UDI- recibirían la mitad de las ganancias del negocio en Machalí.
En su testimonio, Compagnon señaló al fiscal que conoció al militante UDI (Cordero) en febrero de 2014 “ya que él era parte del negocio en Machalí. Sabía que Cordero existía, que había sido el generalísimo de Joaquín Lavín, pero no lo conocía”. El involucrado coincidió con la esposa de Sebastián Dávalos, asegurando que se habrían reunido solo una vez durante todo el negocio.
Sobre su militancia en el partido de derecha Cordero aclaró que “estoy hace varios años alejado de la actividad política, no tengo ningún vínculo con la UDI ni con ningún político, solo amistad. Este fue un negocio privado que no está ligado ni al sector público ni a la política”
Junto a Natalia Compagnon, aparecen otras personas, todas de la UDI: Mauricio Valero, socio de Caval, Herman Chadwick, síndico de quiebras, Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI, Patricio Cordero, Jorge Silva, ex director de Obras de la municipalidad de Machalí, Marisol Navarrete, esposa de Jorge Silva, Cinthya Ross, arquitecto, ex asesora de la municipalidad de Machalí, Pablo Ovalle Andrade, Daniel Huerta y Andrés Orchard. Todos militantes o simpatizantes UDI.
Olor a montaje
Para el ex diputado y ex ministro Osvaldo Andrade la diferencia entre los casos de los hijos de Bachelet y Piñera es política.
El ex presidente de la Cámara de Diputados tiene clara la película. “Hace mucho tiempo tengo la hipótesis que el caso Caval fue una maquinación y un montaje completo de la UDI, la que además encontró a dos incautos: a una codiciosa y a un incauto”, sentenció Andrade por Compagnon y Dávalos.
Así mismo, enfatizó “yo creo que con el caso Caval la derecha encontró la posibilidad de empatar el caso Penta. Todos los promotores de Caval son de la UDI, y es una lástima que un medio de prensa (Qué Pasa) se haya prestado para esto”.
Osvaldo Andrade aseguró que Michelle Bachelet no tuvo ninguna relación con el Caso Caval y que todo “tiene un olor a montaje”.
“Aquí los que tienen que dar explicaciones son los que están metidos en el negocio. Si este es un entramado en el que todos son militantes de la UDI. El síndico, el alcalde (de Machalí), el director de obras, la asesora urbanista, los operadores. Son todos UDI. Todos han reconocido que la presidenta no tiene nada que ver en esto”, dijo Andrade.
La ex Presidenta Bachelet, también se pronunció en una oportunidad por el caso Caval: "Siempre es doloroso cuando en gran medida, por razones políticas, la familia es afectada. No conozco el proceso así que no puedo saber, pero lo que sí sé es que hubo mucho objetivo político también. Lo que a una le llama la atención es que todos los otros involucrados son de la UDI".
