El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, (PS) presentó una denuncia en contra del ex jefe comunal Eduardo Soto Romero, (en la foto, exUDI) donde se le acusa a la administración anterior de “una vulneración grave al Principio de Probidad Administrativa”.

En la denuncia ya presentada ante la Contraloría General de la República, en que también se incluye al exgerente general de la Corporación Municipal, César Ríos Brandt,  se identifican “contrataciones directas sin justificación, por la suma de $1.399.179.744, ocurridas entre los años 2020 y julio de 2021″.

De acuerdo al escrito, bajo la administración de éstos “era una práctica habitual la contratación directa con distintos proveedores sin motivación ni justificación, necesidad y, al margen de toda razonabilidad, repitiéndose en muchas ocasiones los mismos proveedores, y excluyéndose de manera arbitraria, la contradicción entre distintas ofertas para buscar con ello la oferta más ventajosa”.

Por esta razón, argumenta Godoy en el documento, solicita al ente contralor “establecer las responsabilidades pertinentes y determinar si existieron sobre precios en estas contrataciones, algún conflicto de interés en su contratación y pronunciarse sobre la legalidad sobre la forma de contratación realizada”.

La denuncia ocurre luego de que se conociera el Informe de Contraloría Nº405 y su posterior Oficio Nº E160.220, que ordenó instruir un Juicio de Cuentas por más de $448 Millones de pesos, por la compra de las denominadas “Pulseras Inteligentes”, cuya prestación de servicios contratados y la entrega o recepción total de los implementos adquiridos, no pudieron ser acreditadas por parte de los mismos denunciados.

“Bajo la dirección del exalcalde Eduardo Soto se realizaron compras de manera directa a cinco empresas, sin cotizaciones adicionales y sin mediar ningún proceso de análisis o comparación entre distintos oferentes. Estimamos que los hechos son gravísimos y que deben ser investigados a fondo por los organismos correspondientes”, dijo al respecto Juan Ramón Godoy.

En la misma línea agrego que “para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones hemos firmado un decreto para regular las contrataciones directas, que rige desde el pasado 3 de enero y que prohíbe celebrar cualquier tipo de contrato superior a $10 millones de pesos, de manera directa”.