La Corporación de Desarrollo Sustentable BIOECOTERRA, organización comprometida con el equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medioambiente en Chile, ha presentado, un contundente y nuevo requerimiento ante la Contraloría Regional del Maule.

La presentación apunta a presuntas ilegalidades en el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la Región del Maule, en relación con la decisión de no exigir la evaluación de impacto ambiental para un proyecto de un nuevo casino de juegos en Talca.

El proyecto, denominado Modificación Parque Ferial AGAC" es en realidad un nuevo casino operado por la sociedad de Ríos Claros S.A. (filial Dreams), que busca emplazarse en los terrenos de la ex FITAL, una zona altamente sensible y cercana al recientemente declarado Humedal Urbano; El Cajón del Río Claro y Estero Piduco; en Talca.

Las principales preocupaciones de BIOECOTERRA son: Posible elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): Se denuncia que el proyecto podría estar siendo presentado de forma engañosa como una modificación; de una
feria agrícola y ganadera, inexistente desde hace una década, buscando evitar su ingreso obligatorio al SEIA.

Falsos Proponentes: La consulta de pertinencia ante el SEA Maule fue ingresada por la Asociación Gremial Agrícola Central (AGAC), propietaria del terreno, y la sociedad de Ríos Claros S.A.

Sin embargo, la normativa ambiental chilena no contempla la figura de; doble proponente; para un mismo proyecto, siendo Ríos Claros S.A. el único titular legítimo del permiso de operación del casino.

Esta dualidad; es considerada una maniobra irregular que busca distorsionar la identificación del verdadero responsable y podría conllevar un intento por eludir la fiscalización ambiental.

Riesgos Ambientales Ignorados: Un informe técnico de la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región del Maule (Oficio Ord. DGA N° 1015, del 22 de octubre de 2024) advierte que la zona de emplazamiento del proyecto se superpone con una zona de recarga de acuíferos, altamente vulnerable y colindante con el humedal urbano.

La DGA señala que el proyecto podría generar una alteración física a aquellos cambios en la estructura y funcionamiento del humedal y que afecten a sus componentes bióticos, sus interacciones o sus flujos ecosistémicos, configurando
una tipología de ingreso obligatorio al SEIA. Además, la zona ha sufrido graves inundaciones en el pasado, lo que agrava la vulnerabilidad ambiental del lugar.

Vulneración de Principios Administrativos y Ambientales: La aceptación, por parte de la autoridad competente, de que este tipo de proyecto no debe ser evaluado ambientalmente en el corporacionbet@gmail.com seia, vulnera, a nuestro juicio, principios fundamentales del Derecho Administrativo chileno, como la legalidad, legitimación, representación, seguridad jurídica y eficacia.

También contraviene los principios ambientales preventivo y precautorio, que exigen actuar con anticipación para evitar
daños significativos al medioambiente y privilegiar la protección del ecosistema ante la incertidumbre científica.

Impacto en la Recepción de Obras: La omisión de una evaluación ambiental obligatoria deja a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Talca en una situación de ilegalidad, ya que no podrá otorgar la recepción definitiva de obras sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, según lo establece la Ley N° 19.300.

BIOECOTERRA hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República para que investigue exhaustivamente estas eventuales infracciones y la posible existencia de un actuar ilegal por parte de los servicios públicos involucrados. Es fundamental que la comunidad y los medios de comunicación en todo Chile estén alertas a este tipo de situaciones, ya que podrían estar suscitándose en otras partes del territorio nacional, poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que podrían acarrear daños irreparables para ecosistemas que dan soporte a la vida humana.

Que la comunidad no se deje embaucar y exija el máximo rigor a autoridades que pagamos todos los chilenos y que deben velar por el interés colectivo.