Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión. Eso es lo que han hecho países de América Latina como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses en el marco de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Según la ONG, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de Derechos Humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.

En su informe, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', Amnistía ha documentado cómo en estos tres países las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos.

La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha denunciado que "cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva".

Hasta finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades de Venezuela habían sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, a las que procedieron a enviar a "centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos", según la ONG.

En el caso de El Salvador, para esas fechas el Gobierno del presidente Nayib Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19.

Por lo que se refiere a Paraguay, a finales de junio las autoridades también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.

Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, realizó 14 entrevistas telefónicas y examinó decenas de leyes, políticas y protocolos sobre confinamiento y aplicación de cuarentenas obligatorias recientemente aprobados, documentos judiciales e informes de observadores y periodistas independientes.

En base a la información recabada por esta vía, ha concluido que la gente llevaba en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes.

Además, las personas sometidas a cuarentena no tenían acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento. Esto, según Amnistía, constituye una violación de su derecho a la información y del requisito de que toda medida de privación de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.

Amnistía ha sostenido que las autoridades sólo deben poner a la población bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campañas de educación. Si imponen el cumplimiento de una cuarentena, deben proporcionar las condiciones adecuadas, proteger frente a violaciones de derechos humanos y garantizar que no se usa de forma discriminatoria contra comunidades específicas.