Un dictamén y un remezón para el Estado.

Así resumen algunos abogados y funcionarios públicos lo que significará el nuevo dictamen que despachó ayer el contralor Jorge Bermúdez y que reinterpreta los artículos sobre el Estatuto Administrativo que habilitan la contratación de personas en los órganos del Estado bajo la figura de los honorarios. Este nuevo criterio, dice Contraloría, se elaboró tomando en consideración especialmente la jurisprudencia de los tribunales y un “principio de realidad”.

Bermúdez justifica su decisión argumentando que los honorarios, en sus inicios en 1960, fueron pensados para contratar a expertos que colaboraran con la administración pública bajo el supuesto de que dichos profesionales no estaban presentes dentro de los “funcionarios que prestaban servicios de manera habitual en la institución” o porque las habilidades de esa persona implicaban un “conocimiento específico que no era propio de la gestión habitual del organismo”. La idea original también incluyó que esto ocurriera de manera excepcional o accidental.

Sin embargo, con el paso del tiempo, dice el dictamen, esta figura se fue extendiendo y haciendo cada vez más habitual dado que los órganos del Estado en vez de “generar las correspondientes modificaciones legales a fin de aumentar su dotación de funcionarios” optaron por la vía de “acudir a las contrataciones de personal a honorarios”. Esto a juicio del ente contralor derivó en una precarización de este tipo de funcionarios.

«Dichas contrataciones constituyen una figura precaria, puesto que, a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorarios se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso que el resto de quienes se desempeñan en el pertinente organismo, cumpliendo habitualmente idénticas funciones«

En la Contraloría aseguran que este será el dictamen más relevante de este año y están conscientes de que tendrá efectos en la nueva administración del Presidente electo Gabriel Boric, pero descartan que este criterio esté motivado por el cambio de gobierno. De hecho, fuentes de la entidad comentan que en realidad este no es un cambio de criterio, sino que solamente es una precisión para aplicar el Estatuto Administrativo como corresponde. Además comentan que la cantidad de personas contratadas por honorarios ha tenido un aumento exponencial que, solo a nivel central, acumula casi 30 mil funcionarios. El gobierno central tiene cerca de 420 mil empleados.

En el mundo municipal, más de la mitad está bajo esta figura. Por lo tanto, dice Contraloría, los honorarios han dejado de ser excepcionales ya que si esto no fuera así, no se daría este fenómeno de aumento exponencial.

Una “revolución” gradual en la función pública

Bermúdez quiso armonizar la situación tomando en cuenta la realidad de los funcionarios públicos y la jurisprudencia de los tribunales. Lo primero que dice la entidad es que “todas las labores que, por su naturaleza, son inherentes a la función pública, deben desarrollarse por los servidores de planta o a contrata del respectivo organismo y, excepcionalmente, por personas contratadas a honorarios”.

En esa línea Bermúdez “reconoce la existencia de servidores a honorarios que no han debido tener esta condición, y que, en los hechos desempeñan las mismas funciones que el personal a contrata, pero en condiciones normalmente más desfavorables”.

Por lo mismo, dictaminó que “la relación que los una con la Administración sea estatutaria, con los mismos derechos y obligaciones que el legislador ha previsto para el resto de los funcionarios públicos”. ¿Qué significa esto? Implica que “deberán quedar sometidos al régimen jurídico previsto por el legislador para los funcionarios que no sean de planta, es decir, a contrata o a la figura análoga a ella que se contemple en el pertinente estatuto”.

En términos prácticos, Bermúdez ordena que el Estado de manera progresiva le ponga fin a los honorarios en el caso de funcionarios que realizan funciones habituales y permanentes. El dictamen establece un calendario para que esto se haga de forma paulatina, pero considera su pleno cumplimiento en 2023.