Foto: La ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas declarando oficialmente el Humedal Urbano de Talca hace un año exacto
Por Antonia Paz
La Tercera Sala de la Corte Suprema lleva más de tres meses con una sentencia en acuerdo y sin redactar, mientras el reloj corre —no para la justicia ambiental— sino para la ejecución del proyecto de casino del grupo Dreams en Talca. En el papel, la causa está lista desde el 11 de septiembre de 2025; en la realidad, el fallo duerme en algún cajón con membrete institucional.
La demora no es neutra. Cada día sin sentencia beneficia materialmente a quien necesita que el tiempo pase sin definiciones: Dreams, operador acusado por colusión, que avanza en hechos consumados mientras el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco sigue esperando algo tan básico como certeza jurídica y protección efectiva.
La sala, las coincidencias y el silencio
La integración del acuerdo incluye a la abogada integrante María Angélica Benavides, nombre que no es ajeno a la discusión pública: citada en el caso Belaz-Movitec. Nada ilegal per se, dirán los manuales. Pero en un país que aprendió —a la fuerza— que las apariencias importan, la combinación de demoras prolongadas, nombres sensibles y un proyecto de alto interés económico resulta, cuando menos, incómoda.
Mientras tanto, la Municipalidad de Talca apeló un fallo que le ordenó dictar la ordenanza de humedales y ejercer fiscalización real. La base jurídica es clara: la Ley N° 21.202 y la incorporación expresa de los humedales urbanos al artículo 10 de la Ley N° 19.300. No hay sorpresa ni extravagancia judicial. Hay deber legal. Y aun así, la sentencia definitiva sigue “en redacción”
La ironía institucional
En Chile, la justicia ambiental parece operar con un curioso principio precautorio invertido: precaución para fallar, audacia para dejar pasar el tiempo. El resultado es predecible: el proyecto avanza, el humedal se desprotege, y la ciudadanía recibe la pedagogía más cínica posible: quien tiene espalda financiera, gana tiempo; quien defiende un ecosistema, espera.
Tres meses no son un detalle administrativo. Son ventana de oportunidad. Son obras que no se detienen, decisiones que no se revierten fácilmente y riesgos ambientales que no se suspenden por falta de redacción.
¿Justicia tardía?
La pregunta ya no es técnica, es política y ética: ¿a quién sirve la tardanza? Porque si la justicia llega cuando el daño es irreversible, deja de ser justicia y pasa a ser archivo.
Talca no necesita más silencios. Necesita un fallo. Y ahora.
