El Ministerio Público incautó esta semana el celular del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), en el marco de la investigación de la arista que implica convenios de la extinta fundación ProCultura en varias regiones del país.

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, que indaga esta causa a nivel nacional, allanó el miércoles el edificio del Gobierno Regional ñublensino, donde confiscó los teléfonos de Crisóstomo, de la administradora regional, Alicia Salinas, y otro alto funcionario, según La Tercera.

Se trata de la segunda vez que el persecutor realiza diligencias instrusivas en ese órgano. Desde el GORE confirmaron que éstas consistieron "en la confiscación de tres celulares, además de solicitar la nómina de los teléfonos móviles que posee el Gobierno Regional", y afirmaron que, "al igual que en el procedimiento anterior, como institución aportamos todos los antecedentes requeridos y reiteramos la voluntad de colaborar con la información con el fin de que esto sea aclarado a la brevedad".

La indagatoria en Ñuble surgió a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República, que cuestionó el proyecto de "Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble", por 268.100.000 pesos, que fue asignado de forma directa y sin la debida fundamentación a ProCultura; así como el hecho de que la ONG sólo fue intermediaria entre el GORE y las empresas privadas que ejecutaron los trabajos. Además de esos, advirtió inconsistencias en los pagos.

El fiscal Palma investiga los convenios de ProCultura, que lideraba el siquiatra Alberto Larraín y en noviembre pasado decidió cesar sus actividades, en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, por montos que totalizan cerca de 6 mil millones de pesos.

En la causa indaga los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.

"Ambos delitos son un riesgo real para la democracia y el Estado de derecho", porque el primero "debilita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de gran necesidad y además, erosiona la confianza de las personas en las instituciones gubernamentales", y el segundo "afecta la democracia al permitir que intereses particulares influyan indebidamente en las decisiones políticas y administrativas, degradando la necesaria igualdad de oportunidades e imparcialidad que el Estado debe tener con la comunidad", sostuvo Palma en una columna publicada en el medio aysesino El Divisadero.

También el miércoles, la Fiscalía allanó dependencias del Serviu y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Biobío, y la jornada anterior el edificio del Gobierno Regional, por tercera vez.

Además, hubo diligencias en La Araucanía, específicamente en la comuna de Pucón, relativas a que "había evidencias que se encontraban en casas de particulares y que formaban parte de aquellas que estimábamos necesarias había que incautar", aclaró el fiscal de Aysén.