Chile no necesita volver al pasado para salir de sus problemas.

Por Enrique González, Abogado. 

Los resultados de la última encuesta Brecha Pública, elaborada por Qualiz y la Universidad Central, debieran encender una señal de alarma en todo el sistema político. El 64,3% de los ciudadanos desaprueba la conducción del Gobierno de José Antonio Kast. En el Panel Político, que reúne a parlamentarios, exautoridades y dirigentes, la cifra llega al 80,4%. Más preocupante todavía: casi seis de cada diez consultados consideran que el Ejecutivo no ha cumplido ninguna o casi ninguna de sus promesas.

No estamos solamente frente a un problema de popularidad. Estamos frente a una crisis de expectativas, de credibilidad y, sobre todo, de resultados.

El Gobierno tiene responsabilidades que no puede eludir. Gobernar no consiste en administrar explicaciones, culpar permanentemente a la herencia recibida o refugiarse en las dificultades políticas. La ciudadanía espera crecimiento, empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Y cuando esas expectativas no encuentran respuestas, el desgaste es inevitable.

Pero hay otra dimensión de este debate que merece igual atención: la tentación de buscar en el pasado las respuestas para los problemas del presente.

La misma encuesta sitúa nuevamente a Michelle Bachelet a la cabeza de las preferencias presidenciales. Su eventual retorno al protagonismo político obliga a recordar que Chile no llegó a su actual situación económica por generación espontánea.

Durante su segundo Gobierno se impulsaron reformas estructurales que modificaron profundamente las reglas tributarias, educacionales y laborales. La reforma tributaria elevó la carga sobre las empresas, alteró los mecanismos de integración y ahorro, y modificó incentivos a la inversión. La reforma educacional transformó el financiamiento y la organización del sistema, mientras la gratuidad introdujo compromisos fiscales permanentes.

Algunas de esas reformas tuvieron objetivos legítimos, como mejorar la distribución del ingreso y ampliar el acceso a la educación. Pero sus resultados, costos y efectos sobre el crecimiento merecen una evaluación crítica que no puede ser reemplazada por la nostalgia política.

Chile necesita reconocer que el crecimiento económico no es un privilegio empresarial ni una cifra para los economistas. Es la condición que permite crear empleos, financiar derechos sociales, mejorar las pensiones y sostener las políticas públicas. Sin inversión, productividad y crecimiento, las promesas sociales terminan convirtiéndose en obligaciones que el Estado no siempre puede financiar.

Por eso resulta contradictorio que, ante las dificultades actuales, se presente nuevamente como horizonte político una experiencia cuyas reformas forman parte de las decisiones que hoy debemos revisar.

El Gobierno de Kast debe responder por sus propios errores y demostrar que tiene capacidad para gobernar. Pero la oposición también tiene una obligación: explicar qué propone y hacerse cargo de su propio historial. No basta con señalar las deficiencias del adversario para convertir automáticamente el pasado en una alternativa.

Hay, además, un dato de la encuesta que debiera preocupar a todos: el 93,1% de la ciudadanía considera que las autoridades comprenden poco o nada sus problemas. Esa cifra no distingue entre Gobierno y oposición. Es un cuestionamiento a una clase política que parece discutir permanentemente sobre sí misma mientras las preocupaciones concretas de las familias siguen esperando respuesta.

Chile no necesita elegir entre la improvisación del presente y la repetición de las recetas del pasado. Necesita una política capaz de reconocer sus errores, corregirlos y construir una estrategia de crecimiento, seguridad y desarrollo que no sacrifique el futuro por promesas de corto plazo.

La memoria política también es una forma de responsabilidad. Y un país que olvida las consecuencias de sus decisiones corre el riesgo de volver a cometer exactamente los mismos errores.