Una serie de prácticas "ilícitas" detectó la Fiscalía Nacional Económica al investigar las relaciones entre los colegios y los proveedores de uniformes, vínculo que según acusó la indagatoria incluía contratos con cláusulas de "exclusividad" en la provisión de estas prendas en los establecimientos, lo que a juicio del ente fiscalizador restringía la libre competencia.

La indagatoria consideró una muestra de 99 colegios particulares y subvencionados del país, en los que se detectaron casos de contratos que, indirectamente, afectarían a los apoderados. Por ejemplo, se observó una práctica en la que los proveedores y grandes tiendas de retail entregaban tarjetas de regalo y/o beneficios a los colegios a cambio de que sus productos sean publicitados como "oficiales" u "exclusivos". Asimismo, se detectó que se celebraron contratos de "distribución exclusiva" sin licitación previa en que ganara la propuesta quien ofreciera la mejor relación precio-calidad de los uniformes escolares.

Al cierre de la investigación, el organismo dio cuenta que los indagados decidieron dar término a estas cláusulas.

"Mientras más competencia exista en la comercialización de estos bienes, los padres y apoderados podrán acceder a prendas de mejor calidad a un buen precio", valoró el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.