Cuando Colombia aún no se repone del atentado y posterior muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido de oposición Centro Democrático, los ataques terroristas con màs de 20 muertos en Amalfi, Antioquia, y en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, reviven el miedo de las peores épocas del narcoterrorismo, en los años 80 y 90.

Colombia vuelve a estremecerse. El país despidió con honores militares, misa solemne en la Catedral Primada y una multitudinaria ceremonia en el Congreso al senador opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido tras resistir dos meses a las heridas de un atentado en Bogotá. La ausencia del Presidente Gustavo Petro —por petición de la familia— no logró opacar el dramatismo del momento: el sepelio no fue solo una despedida personal, sino también el recordatorio más doloroso de que la violencia política sigue respirando con fuerza en la vida democrática colombiana.

Ademàs los tràgicos atentados ocurridos esta semana que se va donde los muertos son casi todos miembros de la policìa o de la fuerza armada.

La figura de Uribe Turbay se suma a una larga lista trágica. Desde Luis Carlos Galán en 1989 hasta líderes sociales asesinados en zonas rurales, Colombia ha visto cómo el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y la polarización política han convertido la democracia en un terreno donde participar puede costar la vida. No es una anomalía: es un patrón histórico que persiste.

La paradoja es que Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, pero también una de las más asediadas por la violencia política. Esa coexistencia entre instituciones formales y amenaza constante convierte cada elección en un campo minado.

Petro y la falta de altura presidencial

En este contexto, el rol del Presidente Gustavo Petro merece una reflexión crítica. Más allá de su ausencia física en los funerales —justificada por la voluntad familiar—, lo preocupante es la ausencia política y simbólica de un liderazgo capaz de condenar con contundencia, unir al país y poner la seguridad democrática en el centro de su agenda.

Petro llegó a la Presidencia con la promesa de una “paz total”, pero hasta ahora su gobierno ha ofrecido más discursos que resultados. Las negociaciones con grupos armados están estancadas, la violencia en las regiones se mantiene alta y los atentados políticos, como el que finalmente le quitó la vida a Uribe Turbay, demuestran que no hay garantías reales para quienes ejercen la política.

La democracia colombiana no necesita un presidente que administre excusas, sino uno que entienda que la violencia política es un cáncer que carcome la legitimidad de las instituciones y la fe ciudadana en el futuro democrático. En ese sentido, Petro no ha estado a la altura.

La democracia bajo amenaza

La muerte de Miguel Uribe Turbay no puede normalizarse como una tragedia más en un país acostumbrado a la violencia. Es una herida abierta que interpela tanto al gobierno como a la oposición. Porque una democracia donde se asesina o atenta contra quienes aspiran a gobernar no es una democracia plena, sino una democracia bajo amenaza permanente.

Colombia, que tantas veces ha mostrado resiliencia, merece un liderazgo que entienda la magnitud del momento, que asuma la defensa de la vida como el primer deber político y que deje de tratar la violencia como un tema lateral en el debate nacional.

El desafío es mayúsculo: o Colombia se decide a romper de una vez por todas el ciclo de violencia política, o la violencia seguirá dictando los límites de su democracia.