Nuestra sociedad vive desde hace años una profunda crisis de desconfianza hacia el gran empresariado, originada -entre otras causas- por las malas prácticas empresariales como el financiamiento privado a la política -casos Penta, SQM y otros-, abusos empresariales en desmedro de los consumidores como los tristes casos de colusión para fijar altos precios, acentuado ahora por informe de FNE sobre mercado del gas.

 

Estos abusos empresariales han sido visibilizados hacia la opinión pública para cambiar esas conductas. Ahora estamos conociendo casos de presiones indebidas a funcionarios públicos de organismos técnicos que deben cautelar que los proyectos de inversión deben respetar la normativa medioambiental que protege a las comunidades y territorios según lo regula la ley 19.300 y evitar atropellos a las comunidades de los territorios.

 

Según antecedentes a los cuales accedió Cambio21  las comunidades Indígenas Colla Tata Inti del Pueblo de  Los Loros, y Pai Ote presentaron un Recurso  de Protección solicitando se deje sin efecto dicha Resolución de Calificación Ambiental que SEA otorgó al proyecto de inversión de Francisco Javier Errázuriz Ovalle denominado Sales de Maricunga donde se emplaza su proyecto de litio en Salar de Maricunga asociado con inversionistas coreanos.

 

Las comunidades alegan ilegalidad y arbitrariedad de la resolución del SEA originada en una  serie de vicios “vinculados con la insuficiencia del proceso de descarte de impactos, la  falta de fundamentación de sus actuaciones y la omisión de Consulta Indígena”.

 

Las Comunidades Indígenas Collas reclaman contra SEA y señalan  que “no se ha resguardado ni promovido nuestros  derechos como pueblos indígenas, negándose a decretar la realización de Consulta  Indígena y consistiendo serias irregularidades en la caracterización de Grupos  Humanos de Pueblos Indígenas (GHPPI), incluyendo el artículo 86 del Reglamento del  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y Guías generadas por el propio  Servicio”. 

 

Y reiteran que “la ilegalidad en que incurre el SEA, al avalar y respaldar un proceso de  evaluación lleno de arbitrariedades, deja nuestras actividades tradicionales  trashumantes en una total desprotección y en inminente riesgo de afectación, siendo  la trashumancia de vital importancia para nuestra subsistencia y nuestra cultura”.

 

Este reclamo ante lo decidido por SEA tendrá un largo camino; pero sin embargo, ligado al mismo proyecto de inversión (Sales de Maricunga) surgió una denuncia sobre malas prácticas empresariales como es la amenaza y posterior querella criminal que el empresario Errazuriz Ovalle, vía un escrito presentado por el abogado Mauricio Daza (hoy miembro de la Convención Constituyente) entabló en contra de la ex jefa de evaluación Hidrogeológica de la Dirección General de Aguas (DGA) Mónica Musalem Jara como  “autora del delito  de prevaricación administrativa previsto y sancionado por el artículo 228 del Código  Penal”.

 

Quién presentó esa querella criminal contra esta directiva de una entidad pública técnica como es la DGA, fue el actual Convencional abogado Mauricio Daza, quién ha actuado como brazo legal del empresario Errazuriz en diversos casos.

 

La situación que explica este amedrentamiento legal contra ex directivos públicos de DGA y también -posiblemente- actuales es que el proyecto de litio del empresario Errazuriz es colindante con otro proyecto de Litio de la Minera Salar Blanco.

 

Haber aprobado ambientalmente también el proyecto Blanco -que es la competencia a Errazuriz-. Ambos proyectos de litio son colindantes en la zona , se emplazan en el Salar de Maricunga que se ubica en la zona en el límite entre región de Atacama y Antofagasta.

 

La DGA es un órgano técnico informante del proceso de evaluación de impacto ambiental cuando son requeridos por el SEA en el marco del proceso de la evaluación ambiental regulada por ley 19.300. Esta evaluación de la DGA se sustenta en la información técnica que provee cada empresa.

 

Según la ex directiva pública, asegura que ella fue objeto de presiones por parte de Errazuriz “para que informara de que el otro proyecto era inviable” y también denunció que este la amenazó con presentar acciones criminales si se aprobaba el proyecto Blanco en competencia al del grupo empresarial Errazuriz.

 

En el caso de que de esta nota, la ex jefa de Investigación Hidrogeológica de la DGA Mónica Musalem quién no cedió a las amenazas y mantuvo su comportamiento técnico termino siendo objeto de una querella criminal, la que fue presentada por el abogado Mauricio Daza, hoy miembro de la Convención Constitucional.

 

Esta querella en contra de ex directivos de la DGA es conocida en el mundo de los organismos públicos que evalúan medioambientalmente los proyectos de inversión y ha generado una preocupación transversal en los directivos públicos.

 

Las presiones políticas por un lado y las presiones empresariales sobre los directivos públicos de los organismos que participan de la evaluación medioambiental de los proyectos de inversión parece ser algo más común de lo que se preveía; algo ya se conoció con el caso del proyecto minero Dominga y hoy conocemos los antecedentes de la presión indebida sobre ex directivos de la DGA que no pueden seguir siendo invisibilizados.