Luego de realizar una auditoría al proceso de solicitudes de residencias temporales y definitivas que tramita el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) durante el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022, la Contraloría General de la República instruyó la realización de un “procedimiento disciplinario” para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la demora de la tramitación de dichas solicitudes.

“Para aquellas solicitudes de residencias temporales y definitivas realizadas entre los años 2019 y mayo de 2022, se identificaron demoras entre 180 y hasta 990 días corridos en las distintas etapas del proceso (...), por motivos tales como, atrasos en las etapas de admisibilidad, de análisis ,de ingreso, calificatoria y resolutiva, todas efectuadas por el Sermig”, señalan las conclusiones de la auditoría realizada por el organismo que dirige Jorge Bermúdez, cuyo informe final fue evacuado el pasado 12 de mayo.

Según el mismo documento, Contraloría logró acreditar la existencia de 37.284 y 158.883 solicitudes de residencias temporales y definitivas respectivamente, las que, a agosto de 2022, aún no habían sido gestionadas por el Sermig con el objeto de iniciar su proceso de revisión.

A raíz de ello, el órgano contralor señala que “instruirá un procedimiento disciplinario, en el Servicio Nacional de Migraciones, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas”.

Entre las otras medidas que dictó Contraloría, le solicitó al Servicio de Migraciones “continuar con el proceso de revisión de las solicitudes anotadas, a fin de disminuir aquellas que se encuentran pendientes, de todo lo anterior, el servicio tendrá que informar el estado de su avance, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final”.

Según comentó a Radio Biobío el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer (CS), el informe emanado por Contraloría confirma el “diagnóstico que nosotros tuvimos desde que asumimos en términos del retraso en cuanto a las tramitaciones, la falta de procedimientos, la falta de información verídica hacia nuestros usuarios y algunas negligencias en términos de la gestión de la tramitación de documentos”.