Pocas cosas reflejan mejor la desconexión del Estado con la realidad de las familias chilenas que el sistema de contribuciones que hoy grava la vivienda principal. Se trata de un mecanismo que, lejos de promover la propiedad y la estabilidad familiar, la castiga, transformando lo que debería ser un derecho –la casa propia– en una carga económica creciente, injustificada y desproporcionada.

Lo que comenzó como un tributo razonable sobre la propiedad inmobiliaria ha derivado, en la práctica, en una forma de expoliación silenciosa, que afecta especialmente a adultos mayores, familias de clase media y propietarios de una sola vivienda. Las alzas sistemáticas del avalúo fiscal, muchas veces sin correlato real con el mercado ni con mejoras urbanas públicas, han disparado el monto a pagar incluso cuando la familia no ha comprado una nueva casa, sino que simplemente ha mantenido o mejorado con esfuerzo su único bien: su hogar.

Peor aún: cuando una familia invierte en arreglos, ampliaciones o mejoras —con recursos propios ya gravados con impuestos—, lo que recibe a cambio no es un reconocimiento, sino una penalización vía contribuciones más altas. El mensaje es perverso: si mejora su casa, le subiremos el impuesto. Si la cuida, la mantendrá para pagar más. Y si envejece en ella, deberá venderla para poder pagar.

A esto se suma una práctica institucional estructuralmente abusiva: cada cuatro años, y siempre en enero del último año de mandato presidencial, se realiza el reavalúo de las propiedades, en medio del interregno político donde las autoridades salientes no rinden cuentas y las entrantes aún no asumen responsabilidades. Este diseño temporal convierte al reavalúo en un ajuste ciego, sin rostro ni responsabilidad política clara, afectando con alzas masivas y desproporcionadas a miles de contribuyentes justo cuando el aparato estatal se encuentra en su punto de menor capacidad de respuesta.

Como si fuera poco, en los últimos años se ha generalizado el cobro de “complementos” y “reliquidaciones”, términos técnicos que esconden cargos retroactivos muchas veces sin explicación comprensible ni vínculo transparente con hechos reales, como ampliaciones no declaradas, errores en catastros, o actualizaciones informáticas. Sólo entre los años 2022 y 2024 los cobros complementarios pasaron de 218 mil millones de pesos a 426 mil millones de pesos, duplicándose en tan sólo un lapso de dos años.

Así, el contribuyente incluso al día en el pago de sus contribuciones se entera por carta o correo electrónico de que debe cientos de miles de pesos adicionales “por diferencias de avalúo”, y si no paga a tiempo, arriesga intereses, sanciones y eventualmente una cobranza judicial. El mensaje, en este caso, es aún más perverso: aunque estés al día en tus contribuciones, por errores del Estado te las subiremos y cobraremos retroactivamente.

Hoy son miles los hogares, especialmente de adultos mayores, que destinan una parte desproporcionada de sus pensiones o ingresos fijos a pagar contribuciones por su única vivienda. No se trata de grandes inversionistas ni de evasores, sino de ciudadanos comunes, responsables, que confiaron en que tener una casa era asegurar su futuro.

El artículo de El Mercurio del 22 de mayo (p. B1) lo demuestra con claridad: el impuesto territorial está generando distorsiones severas, afectando no sólo el presupuesto familiar, sino la posibilidad misma de envejecer en el hogar propio. Esta es una forma de despojo legal que mina la unidad familiar, induce a la venta forzada de viviendas y erosiona el valor de vivir con estabilidad en el propio barrio.

Chile necesita una reforma urgente del sistema de contribuciones. El Estado no puede seguir financiando su gasto estructural a costa de la vivienda familiar. Se requiere, al menos, una triple acción:

1.    Exención total de contribuciones para la primera vivienda y principal de todos los mayores de 65 años o de ingresos inferiores a cierto umbral.

2.    Congelación inmediata por 10 años y revisión de todos los reavalúos, especialmente los realizados en interregno político, mientras no exista un sistema transparente, predecible, sancionado legalmente por el Congreso y con participación ciudadana.

3.    Defensa automática de los contribuyentes, gratuita y legalmente garantizada ante alzas arbitrarias, cobros retroactivos y errores administrativos con un sistema público de apelación eficiente, accesible y con sanción al mal funcionamiento estatal.

La vivienda no es un lujo, es un derecho. Y ningún país que aspire al desarrollo puede seguir permitiendo que el Estado se transforme en el principal enemigo de quienes han hecho del esfuerzo, el ahorro y la familia su forma de vida.