Hay errores políticos. Hay torpezas monumentales. Y hay decisiones que consiguen algo todavía más difícil: indignar a la oposición, incomodar al oficialismo y poner al Gobierno a dar explicaciones.

Eso es lo que ha ocurrido con los decretos que rebajaron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Los antecedentes conocidos son inquietantes. Informes de Gendarmería advierten, en varios de los casos, sobre riesgos de reincidencia, negación del delito y falta de empatía. A ello se suma que las víctimas no habrían sido informadas oportunamente sobre la liberación de sus agresores.

No estamos hablando de un simple trámite administrativo. Estamos hablando de decisiones que afectan a personas y familias que ya sufrieron delitos gravísimos.

El asunto terminó provocando un conflicto dentro del propio oficialismo. Parlamentarios del sector cuestionaron la gestión de sus autoridades, mientras la oposición comenzó a estudiar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

¿Dónde estuvo el error?

El ministro optó por conceder administrativamente las rebajas, en lugar de dejar que los tribunales resolvieran las solicitudes que pudieran presentarse. La defensa de esta decisión se apoya en criterios jurídicos y jurisprudenciales, pero eso no elimina las preguntas sobre la prudencia con que se procedió ni sobre sus consecuencias.

Y aquí aparece un antecedente decisivo: hoy se conoció que Rabat no consultó previamente al Presidente José Antonio Kast antes de firmar los decretos.

Una decisión de semejante trascendencia jurídica, humana y política se tomó sin esa consulta.

¿Autonomía ministerial? Puede ser. ¿Prudencia política? Esa es otra discusión.

En un Gobierno, los ministros tienen atribuciones y responsabilidades propias. Pero cuando una decisión puede provocar una crisis de esta magnitud, comprometer la credibilidad del Ejecutivo y afectar a las víctimas, la coordinación con el Presidente no parece un detalle menor.

Kast optó por respaldar a su ministro y mantenerlo en el cargo. Ahora debe enfrentar las consecuencias políticas de una decisión que, según los antecedentes conocidos, no pasó previamente por su conocimiento.

La paradoja es evidente: el ministro actuó sin consultarlo, pero cuenta con su respaldo para enfrentar las consecuencias.

¿Basta con corregir los efectos de una decisión o también hay que asumir responsabilidades por la forma en que se tomó?

En la Cámara de Diputados se estudia una eventual acusación constitucional contra Rabat. El ministro ha manifestado que no piensa renunciar, pero su permanencia en el cargo puede prolongar una controversia que el Gobierno necesita resolver.

Porque gobernar exige algo más que firmar decretos y explicar después sus consecuencias. Exige criterio, prudencia y hacerse cargo de los efectos de las decisiones adoptadas.

Y mientras esta crisis se desarrolla, la encuesta Criteria dada a conocer el domingo 25 de octubre sitúa la aprobación del Presidente Kast en un 27%.

En ese escenario, una controversia que golpea al Gobierno en una materia tan sensible como la protección de las víctimas no es precisamente una buena noticia.

Rabat puede decidir quedarse. Pero su decisión no pone fin al problema. La eventual acusación constitucional, el debate dentro del oficialismo y las consecuencias políticas de lo ocurrido seguirán sobre la mesa.

Porque esta mala jugada no solo le puede pasar la cuenta al ministro. También puede terminar cobrándosela al Presidente.

Y la cuenta, como suele ocurrir en política, no necesariamente la paga quien encendió la cocina.