¿Por qué tantas personas se distancian de la política? Solemos atribuirlo a la apatía, al desinterés o a la falta de compromiso ciudadano. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar cuánto contribuyen a ese distanciamiento las conductas de quienes tienen la responsabilidad de representarnos.

 

La política no ocurre únicamente en el Parlamento, en los partidos o en las elecciones. También está presente en las juntas de vecinos, organizaciones sociales, agrupaciones comunitarias y los distintos espacios donde las personas se reúnen para buscar soluciones a sus problemas. La ciudadanía se organiza, propone, reclama y participa. Entonces, ¿por qué esa energía no siempre se traduce en una mayor vinculación con la política formal?

 

Parte de la respuesta puede encontrarse en la distancia entre las preocupaciones cotidianas de las personas y las formas en que algunos representantes ejercen sus cargos. Mientras la ciudadanía espera respuestas, diálogo y soluciones, observa discusiones públicas que parecen concentrarse más en la descalificación que en las ideas. Y cuando el lenguaje de quienes representan se aleja del lenguaje ciudadano, la representación comienza a perder sentido.

 

No se trata únicamente de las palabras que se utilizan, sino de lo que estas expresan sobre la forma de comprender la democracia. Cuando el debate parlamentario se transforma en una puesta en escena en que la provocación y el insulto desplazan a los argumentos, la política se convierte en un espectáculo ajeno a las necesidades de la gente.

 

Esta situación adquiere una dimensión particular cuando las descalificaciones reproducen prejuicios históricos, especialmente hacia las mujeres. Chile tiene una trayectoria de avances en derechos y participación femenina que no puede desconocerse. Por el Decreto N°547 del 6 de febrero de 1877, conocido como Decreto Amunátegui, se permitió el ingreso de las mujeres a la educación universitaria; Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 y Michelle Bachelet ejerció la Presidencia de la República en dos períodos (2006-2010; 2014-2018). Estos hitos forman parte de una historia de ampliación de derechos que ha exigido superar barreras culturales y sociales.

 

Por eso, cuando un parlamentario recurre a expresiones que sugieren que una expresidenta y una exministra deberían retirarse a sus casas a hacer cazuela, no puede presentarse como una frase desafortunada. Esos dichos instalan una pregunta sobre la persistencia de los estereotipos de género en los espacios de poder y sobre la capacidad de nuestras instituciones para sostener un debate respetuoso.

 

Y es necesario aclararlo: cocinar no es una actividad denigrante. Hacer una cazuela es también un arte que requiere tiempo, conocimiento y dedicación. El problema es utilizar una labor doméstica como argumento para desacreditar a una mujer y cuestionar su lugar en la vida pública.

 

Pero hay algo todavía más profundo: estos episodios no ocurren en el vacío. Se producen en una sociedad donde necesitamos recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer la educación cívica y comprender que participar no significa solamente votar. Significa tener la posibilidad de incidir, ser escuchados y encontrar canales efectivos para que las demandas ciudadanas formen parte de las decisiones públicas.

 

La respuesta al distanciamiento político no puede consistir en responsabilizar exclusivamente a quienes dejan de votar, anulan su sufragio o prefieren mantenerse al margen de los partidos. También debemos preguntarnos qué está haciendo la política institucional para convocarlos, reconocer sus experiencias y demostrar que sus preocupaciones tienen un lugar en ella.

 

Porque la ciudadanía no desaparece cuando se aleja de un partido o deja de sentirse representada por un  parlamentario. Muchas veces continúa trabajando desde sus organizaciones, defendiendo  sus territorios y buscando soluciones colectivas.

 

El desafío consiste en construir puentes entre esa participación social y las instituciones democráticas, en lugar de profundizar una separación que termina debilitando a ambas. La educación cívica debe ayudarnos a comprender que la democracia no se limita a elegir representantes. También exige responsabilidad en el ejercicio del poder, respeto por las diferencias y capacidad para debatir sin convertir al adversario en un enemigo. La palabra pública tiene consecuencias, especialmente cuando proviene de quienes ocupan cargos de representación.

 

Si queremos una ciudadanía más comprometida, debemos construir una política que merezca ese compromiso. Una política capaz de escuchar antes de responder, de argumentar antes de descalificar y de comprender que representar no significa hablar por las personas desde una posición de poder, sino mantener un vínculo permanente con ellas.

 

La ciudadanía no puede ser convocada únicamente cuando necesitamos su voto. Debe ser reconocida como protagonista permanente de la democracia. Porque cuando la política deja de hablar el lenguaje de la ciudadanía, no es solamente la ciudadanía la que se aleja: es la propia política la que pierde su razón de ser.