¿Qué explica que el principal partido gobernante haya sido uno de los promotores más activos de una acusación constitucional contra un exministro de Hacienda del gobierno anterior? La pregunta importa porque revela una anomalía de fondo. Un partido que ya llegó al poder, que ordena el gobierno y que ocupa el centro de gravedad del oficialismo, sigue actuando con reflejos propios de una fuerza desafiante. Gobierna, aunque mantiene el gesto impugnador. Administra el Estado, pero conserva una lógica de combate. Conduce el bloque oficialista, aunque al mismo tiempo necesita diferenciarse de sus aliados moderados.

Esa tensión ayuda a entender la nueva mecánica política chilena. Las instituciones siguen funcionando, aunque cada vez con mayor frecuencia son usadas bajo una lógica de desgaste, diferenciación y cálculo inmediato. La acusación constitucional, concebida para circunstancias excepcionales, se ha transformado en un recurso ordinario de confrontación. Su abuso puede rastrearse desde la destitución de Yasna Provoste, cuando un mecanismo grave comenzó a instalarse como herramienta de presión política.

Algo semejante ocurre con los requerimientos ante el Tribunal Constitucional, con las mociones parlamentarias en materias de iniciativa exclusiva presidencial y con los sucesivos intentos de alterar por la vía de los hechos el régimen político. Los retiros previsionales fueron la expresión más visible de esa deriva. Bajo el argumento de la urgencia, el Congreso actuó como si pudiera asumir funciones propias del gobierno, con efectos sobre el ahorro de los trabajadores, el mercado de capitales, la política fiscal y la autoridad presidencial.

A ello se agregan otros síntomas. Proyectos con alta rentabilidad comunicacional y baja viabilidad institucional. Comisiones investigadoras convertidas en escenarios de exposición permanente. Legislación pensada para la galería digital. Uso táctico de urgencias, vetos, admisibilidades y acusaciones. Comunicación, incluso oficial, alejada de la verdad.

Todo configura una política más vulgar, más impaciente, más fragmentada y más atenta al efecto comunicacional que a la construcción política.

Esta mecánica recurrente expresa una transformación profunda del sistema de partidos. En la última década, Chile transitó desde un pluralismo extendido con capacidad de acuerdo hacia una atomización polarizada. En ese escenario, la competencia se da entre gobierno y oposición, pero su rasgo más decisivo es la disputa por la hegemonía intrabloques. Las fuerzas que integran un mismo sector compiten entre sí por la conducción política, electoral y simbólica del espacio común.

Por eso ya no existen propiamente coaliciones en el sentido fuerte del término. Existen arreglos frágiles, coordinaciones inestables y fórmulas destinadas a administrar diferencias que no logran integrarse en un proyecto compartido. Con Boric se habló de anillos de apoyo. Con Kast se habla de colaboración. Ambas expresiones revelan la misma dificultad. Los partidos pueden coincidir en una votación, respaldar una candidatura, repartirse cargos públicos o compartir una agenda parcial, pero evitan asumir una pertenencia común suficientemente densa, disciplinada y duradera.

La atomización polarizada multiplica actores y altera la lógica de la competencia. Cada partido necesita diferenciarse de sus adversarios externos y también de sus socios potenciales. De ahí la presión permanente por marcar identidad, endurecer posiciones, instalar banderas propias y evitar que otro actor del mismo bloque capture la representación del malestar. En la izquierda, esa disputa se expresó entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. En la derecha, entre Chile Vamos, Republicanos, libertarios nacionales y otras sensibilidades conservadoras.

Esa presión de diferenciación se vuelve conducta institucional adversarial porque buena parte de estos partidos llegó al poder sin haber acumulado la experiencia de gobierno ni los cuadros técnicos capaces de traducir su identidad opositora en gestión. Frente a esa carencia, persisten en el terreno que mejor conocen y que mejor les ha funcionado electoralmente, el de la impugnación pública, ahora ejercida desde dentro del aparato estatal y con las herramientas institucionales a su disposición.

Conviene entonces ajustar el concepto. En sentido estricto, los partidos desafiantes son aquellos que compiten contra los partidos establecidos desde fuera de la experiencia gubernamental reciente, en el sentido propuesto por Catherine E. De Vries y Sara B. Hobolt. Bajo esa definición, hoy en Chile los casos más claros son el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario. Por eso conviene distinguir entre partidos actualmente desafiantes y partidos de origen desafiante que ya ingresaron al poder. El Frente Amplio y el Partido Comunista ya gobernaron con Gabriel Boric. Republicanos, por su parte, dejó de ser una fuerza externa de presión y pasó a ser el eje político del gobierno de José Antonio Kast.

El problema chileno actual es muy complejo. Varios partidos que nacieron, crecieron o se consolidaron como actores desafiantes conservan su estilo disruptivo después de ingresar al poder. Llegan al gobierno, pero mantienen una conducta adversarial. Su aporte al sistema, con frecuencia, se manifiesta más en la polarización que producen que en la renovación positiva de la representación.

El Frente Amplio nació utilizando una brecha generacional, educacional y moral abierta por las movilizaciones estudiantiles, el rechazo a los abusos y la impugnación del arreglo transicional. Su lenguaje tuvo fuerza porque habló de educación, desigualdad, endeudamiento, nueva Constitución, feminismo y crítica al modelo cuando buena parte de la centroizquierda aparecía atrapada por el agotamiento concertacionista y la administración de los treinta años. Sin embargo, al llegar al gobierno, esa energía impugnadora no se transformó en conducción institucional consistente. El resultado fue un gobierno mediocre tensionado entre épica refundacional, restricciones fiscales, debilidad parlamentaria y burocrática, dificultades de gestión y escándalos de corrupción, que terminó abriendo paso a la derecha más dura del ciclo democrático posterior a 1990.

El Partido Comunista, aunque no es nuevo, operó durante largo tiempo como actor desafiante desde la izquierda. Su crítica al modelo económico, a la Constitución de 1980, a la política de los acuerdos y a los límites de la transición le permitió mantener una frontera doctrinaria frente al gradualismo concertacionista. Su participación gubernamental no eliminó esa frontera. La trasladó al interior del oficialismo, con tensiones visibles en política exterior, orden público, crecimiento, inversión y relación con el mundo empresarial.

Desde la derecha, Republicanos ocupó una brecha anterior al ciclo de delincuencia, migración irregular y orden público. Partió explotando la disconformidad de sectores conservadores con la inserción de la derecha tradicional en el ciclo democrático posterior a 1990. Para esos sectores, la UDI, Renovación Nacional y luego Chile Vamos habían aceptado demasiadas reglas simbólicas, culturales e institucionales de la transición, habían moderado en exceso su identidad y habían terminado administrando un orden político que miraban con incomodidad.

Sobre esa base inicial, Republicanos amplió su oferta hacia seguridad, fronteras, orden público, conflicto en La Araucanía, familia, subsidiariedad, crítica al octubrismo, rechazo al progresismo identitario y oposición al proceso constituyente. Al llegar al gobierno, esa identidad no desaparece. Se convierte en una tensión permanente con Chile Vamos, porque Republicanos necesita gobernar y, al mismo tiempo, demostrar que no ha sido absorbido por la derecha tradicional.

El Partido Nacional Libertario expresa una variante aún más radicalizada de esa misma brecha. Su énfasis está en el antiprogresismo, la reducción drástica del Estado, la crítica a las derechas demasiado transaccionales y una idea de libertad individual formulada desde una sensibilidad conservadora. En sentido estricto, sigue siendo un partido desafiante. Carece de la carga de administrar el gobierno, pero incide sobre el tono de la derecha y presiona a Republicanos desde un flanco más duro.

El Partido de la Gente ocupa otra zona de malestar. Su registro es más antipolítico, emocional y plebiscitario. Habla contra la casta, contra los privilegios, contra el Congreso y contra los operadores políticos. Interpela a sectores medios y populares endeudados, trabajadores independientes, pequeños emprendedores y electores cansados de las coaliciones tradicionales. Su debilidad organizativa le impide por ahora constituirse en alternativa consistente, aunque su estilo permeó a parte importante del sistema.

El efecto más visible de este campo de fuerzas es la polarización. En la izquierda, alcanzó su momento más intenso durante el ciclo abierto por el estallido social y el primer proceso constituyente. Parte del bloque radical interpretó octubre de 2019 como autorización para una refundación acelerada. La Convención Constitucional mostró hasta qué punto una lectura identitaria, maximalista y poco atenta a la composición real del país podía aislarse de las mayorías sociales.

En la derecha, la polarización se fortaleció después del fracaso constitucional, apoyada en la promesa de orden, castigo, fronteras, disciplina fiscal, antiestatismo y restauración cultural. Republicanos y libertarios han empujado la competencia hacia una derecha más dura. Chile Vamos queda así sometido a una presión constante. Si acompaña, aparece subordinado. Si se diferencia, es acusado de tibieza. Si negocia, arriesga ser tratado como parte de la derecha transaccional que los nuevos actores vinieron a desplazar.

La dinámica es especular. Los extremos se alternan en el gobierno y se refuerzan recíprocamente. Cada uno justifica su dureza en la amenaza que atribuye al otro. Cada uno desgasta a sus aliados moderados. Cada uno convierte la disputa por la hegemonía intrabloques en una competencia por autenticidad, pureza y capacidad de confrontación. El gobierno de Boric debilitó a sus aliados moderados y terminó abriendo paso a la derecha más extrema del ciclo democrático posterior a 1990. El gobierno de Kast, si reproduce esa misma lógica desde el otro extremo, puede producir un efecto equivalente en sentido inverso.

La advertencia para la centroizquierda y la centroderecha es evidente. Si aceptan convertirse en satélites de los extremos, quedan condenadas a la irrelevancia política. Pierden identidad, capacidad de iniciativa y autoridad para representar a mayorías sociales que reclaman reformas serias, orden democrático, crecimiento, seguridad y responsabilidad fiscal. Un partido moderado que solo administra la agenda ajena termina reducido a acompañante parlamentario, a corrector tardío de excesos o a proveedor de votos para proyectos que no conduce. La tarea histórica de estas fuerzas consiste en reconstruir una oferta propia, con densidad programática, liderazgo político y vocación de mayoría.

El costo no es solo electoral para los moderados. También es gubernativo para el país, porque la lógica de impugnación permanente dificulta administrar restricciones, negociar prioridades y sostener políticas públicas en el tiempo. Gobernar exige pasar de la denuncia a la conducción, de la identidad de frontera a la construcción de mayorías y de la épica de campaña a la responsabilidad institucional.

El episodio que abre esta columna adquiere entonces pleno sentido. La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de Boric no fue solo una ofensiva contra la oposición. También operó como una señal hacia la propia base oficialista, como una disputa con los libertarios nacionales y como una forma de disciplinar a una derecha tradicional renuente a validar una ofensiva institucionalmente discutible. En un sistema de atomización polarizada, las instituciones se usan para enfrentar al adversario y también para ordenar la competencia interna del propio bloque.

La conclusión es inquietante. En un sistema de atomización polarizada, el problema ya no radica únicamente en la existencia de partidos desafiantes. Radica en la persistencia del estilo desafiante incluso después de llegar al poder, y en que ese estilo encuentra en la disputa por la hegemonía intrabloques un mecanismo permanente de reproducción. Mientras la competencia relevante siga siendo interna a cada bloque y no entre bloques, ningún partido tendrá incentivos suficientes para abandonar la lógica de impugnación una vez en el poder. Chile no necesita solo partidos capaces de escuchar los malestares sin explotar irresponsablemente el resentimiento. Necesita, ante todo, bloques programática y políticamente consistentes, capaces de organizar la competencia entre sí y no en su interior, porque solo así la conducción, la disciplina y el sentido de Estado dejan de ser virtudes individuales de algunos liderazgos para volverse el resultado esperado de un sistema democrático de gobierno.