Nueve víctimas denunciantes de abusos sexuales en la Congregación Salesiana entre 1973 y 2009 se querellaron contra el ex arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati (2010-2019), sacerdote salesiano, y otros cinco curas católicos, por el delito de una presunta asociación ilícita para "silenciar" las vejaciones.

Además del cardenal, piden que se investigue a Maximiano Ortúzar y Alfonso Rodolfo Horn, ex director y ex rector del Instituto Salesiano de Valdivia, respectivamente; y a los ex provinciales de la orden Natale Vitali Forti, Alberto Lorenzelli Rossi y Leonardo Santibáñez Martínez.

Según La Tercera, la acción penal, declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, asegura que la agrupación estuvo "dispuesta a propiciar y silenciar los abusos" durante largos años, a tal punto que incluso -acusan los denunciantes- "esta estructura orientada a delinquir ha seguido funcionando, incluso después de 2009".

El caso se enmarca en una investigación que lleva el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, por abusos cometidos al interior de la Iglesia católica, indagatoria aún desformalizada y que sigue abierta a la espera de una orden de investigar instruida al OS-9 de Carabineros.

En el escrito, presentado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, se expone que "los relatos de las víctimas expuestos exhiben que el vínculo entre los miembros de la organización se encuentra determinado por su vinculación a la Congregación Salesiana y sus distintos centros educacionales y asociaciones".

"Esto explica el modo de actuar organizado y coordinado en esta asociación, en la cual existían jefaturas y reglas propias. Las jefaturas se encuentran asociadas a la posición que distintas personas ostentaban al interior de la congregación y/o en sus respectivas funciones en institutos educacionales. Y las reglas propias se encuentran asociadas al silencio y la creación de escenarios propicios para la impunidad", acusa.

Sostiene, asimismo, que "todas las víctimas de esta querella buscaron la rendición de cuentas de sus agresores, sin embargo, sus esfuerzos no han tenido los resultados esperables", complementando que "al momento de perpetrarse los delitos sexuales eran niños y canalizaron el daño generado por la violencia sexual sufrida a través de conductas anómalas al interior de sus recintos educacionales".

"Estos cambios conductuales fueron de conocimiento de las autoridades de los diferentes recintos educacionales, quienes en vez de abordar las causas de la mismas reaccionaron con la expulsión de los alumnos", señala también.