En un mundo donde el poder, la seguridad y el desarrollo económico se definen crecientemente desde el espacio ultraterrestre, Chile no puede seguir actuando como si esta frontera no existiera. La reciente decisión del Presidente Gabriel Boric de retirar los agregados militares de Israel —en un gesto político cargado de simbolismo, pero carente de visión de Estado— pone en riesgo no solo una relación diplomática valiosa, sino también uno de los pocos vínculos reales que Chile ha construido con una potencia de innovación tecnológica, especialmente en ámbitos de defensa, ciberseguridad y capacidades espaciales.

El error de esta decisión va más allá de lo coyuntural. Se trata de una muestra concreta de cómo, una vez más, la política exterior chilena termina subordinada a un relato ideológico, mientras los asuntos verdaderamente estratégicos, como la inserción del país en la economía espacial global, siguen sin atención ni comprensión real por parte de los liderazgos políticos, tanto del gobierno como de la oposición.

Israel no solo es un actor clave en tecnología militar. Es uno de los líderes mundiales en desarrollo de capacidades satelitales, inteligencia óptica y aplicaciones de uso dual, que van desde el monitoreo ambiental y la seguridad fronteriza hasta la predicción meteorológica, la agricultura inteligente y el control de incendios. Para un país como Chile —extenso, sísmico, con una geografía compleja y dependiente de sus recursos naturales— la infraestructura espacial no es un lujo: es un requisito básico para una gestión moderna del territorio y para el salto hacia el desarrollo.

No es casualidad que las potencias emergentes —India, Emiratos Árabes, Turquía, Brasil— estén invirtiendo de manera acelerada en sus programas espaciales. Tampoco lo es que el acceso a constelaciones satelitales, la construcción de lanzadores o la formación de agencias espaciales autónomas se haya transformado en parte del estándar geopolítico para las naciones que aspiran a tener un rol relevante en el siglo XXI.

Chile, en cambio, carece aún de una Agencia Espacial Nacional real, con facultades legales, presupuesto robusto y autonomía técnica. No tiene una política satelital de largo plazo ni marcos regulatorios modernos para el uso del espectro orbital. Y lo que es más grave: cuando existen oportunidades de cooperación internacional —como la ofrecida por Israel— se dilapidan por decisiones ideológicas que comprometen décadas de esfuerzo y aprendizaje incipiente, especialmente por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la única institución que ha sostenido sistemáticamente iniciativas de observación satelital y tecnología aeroespacial.

La clase política chilena ha mostrado una ceguera persistente sobre el tema. Desde el Congreso, donde la palabra “espacio” rara vez aparece en los planes legislativos, hasta el Ejecutivo, que prefiere discursos simbólicos a construir capacidades reales. Así, Chile se arriesga a quedar fuera de una carrera que no es solo científica o tecnológica, sino geoeconómica y geopolítica.

No se trata de defender a Israel como fin en sí mismo. Se trata de comprender que, en el siglo del espacio, las alianzas estratégicas deben privilegiar la transferencia de capacidades, la inversión en capital humano avanzado y la soberanía tecnológica. Romper esos lazos no castiga a una nación extranjera; castiga al propio país.

El espacio es el nuevo terreno de la competencia global. Chile debe decidir si quiere ser parte de las naciones que desarrollan sus capacidades y acceden soberanamente al espacio ultraterrestre, o si seguirá en el lote de países espectadores, dependientes de satélites ajenos y decisiones foráneas, menos soberano, por tanto, y con menos capacidades para el desarrollo real.

La decisión del Presidente Boric ha dejado claro, lamentablemente, cuál es el camino que hoy se está tomando. Y también por qué es urgente revertirlo.