En medio del humo y el calor extremo, la línea entre la contención del fuego y la política nacional se volvió borrosa. Mientras cuadrillas intentaban domar el Bear Gulch, el mayor incendio activo de Washington, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a dos integrantes de un campamento remoto tras una verificación de identidades solicitada por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS).

El episodio, ocurrido el miércoles, tensó la temporada de incendios y encendió un viejo debate: ¿cómo aplicar la normativa migratoria sin mermar la respuesta ante desastres?

Según reportes consignados por AP News, la verificación alcanzó a 44 trabajadores; dos presentaban irregularidades migratorias —uno con orden previa de deportación— y fueron arrestados. La medida se produjo en el marco de una investigación penal sobre los contratistas Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc.; ambos contratos quedaron cancelados de inmediato y los otros 42 brigadistas fueron retirados de tierras federales conforme al procedimiento. Los detenidos fueron trasladados a la estación de Bellingham, cerca de la frontera con Canadá, para regularizar su situación, informó la CBP.

El incendio Bear Gulch, en la península Olímpica, había consumido casi 36 km² desde el 6 de julio, con un 13% de contención el jueves y un escenario adverso de temperaturas sobre 37 °C y vientos intensos, de acuerdo con datos citados por CNN. La salida de 42 trabajadores obligó a reconfigurar equipos en el terreno; aun así, la vocera del equipo de manejo de incidentes, Jennifer Risdal, afirmó a ABC News que la operación migratoria “no ha interferido” con el avance de las labores de contención.

El choque entre prioridades operativas y control migratorio resonó en la política estatal. El gobernador Bob Ferguson expresó su preocupación por la actuación federal —según recogieron The New York Times y CNN— y pidió a las agencias nacionales informes sobre el fundamento del operativo y el paradero de los detenidos. Desde el Congreso, la senadora Patty Murray solicitó explicaciones formales; advirtió, vía AP News, que políticas recientes han alcanzado incluso a residentes legales y ciudadanos, generando confusión en medio de una emergencia.

La Patrulla Fronteriza defendió el procedimiento. Rosario P. Vasquez, jefa del sector Blaine, sostuvo —citan AP News— que el organismo aplica sin reservas las leyes migratorias cuando detecta infracciones. Por su parte, Dave Upthegrove, comisionado de Tierras Públicas de Washington, advirtió que acciones de este tipo erosionan la confianza de quienes cumplen tareas críticas para la seguridad del estado.

El contexto ayuda a entender la fricción. En temporadas anteriores, la política federal establecía excepciones para evitar controles migratorios en zonas de evacuación, refugios o rutas de asistencia, salvo ante amenazas graves a la seguridad pública (AP News, CNN). Hoy no está claro si esas salvaguardas se mantienen sin cambios; The New York Times ha documentado un refuerzo nacional de operativos y personal tras la aprobación de 170.000 millones de dólares para fortalecer el control migratorio y la fiscalización laboral.

En el frente del fuego, la logística es frágil. Dennis Lawson, presidente del Consejo Estatal de Bomberos, recordó a AP News que las cuadrillas se diseñan para operar en cooperación; perder decenas de integrantes reduce capacidades y obliga a rearmar turnos, relevos y seguridad. El USFS aseguró que, pese a la contingencia, se sostuvieron la contención y la supervisión, y que continuarán las revisiones de contratos y credenciales del personal movilizado.

El caso Bear Gulch deja una pregunta abierta para las próximas emergencias: cómo conciliar el cumplimiento de la ley migratoria con la continuidad de operaciones que, literalmente, salvan comunidades del fuego. Por ahora, el humo sigue en el aire y con él la necesidad de protocolos claros que no ardan a la primera chispa.