Las encuestas no solo miden opciones presidenciales y parlamentarias, ni las características que valoran en las distintas opciones presidenciales o los rechazos que generan, ni la disposición a votar por los partidos políticos; también hay un conjunto de información sobre los problemas actuales y antiguos del país, sobre el rol que le asignan a las instituciones, sobre los desafíos futuros que permitirían configurar un relato político hacia la ciudadanía que permita vislumbrar liderazgos más convocantes y constructivos de cara a la carrera que culmina el 16 de noviembre; donde se nos advierte que sería mejor hacerle un by pass al Congreso y gobernar vía potestades reglamentarias.

La ciudadanía espera debates informados, sustentados en estudios serios y en la mejor data existente sobre la realidad nacional y no divulgando mentiras o fake news como se ha habituado la ultraderecha en el país.

¿Podremos tener eso en los 4 meses que quedan de campaña? ¿Podremos tener periodistas y entrevistadores que sean capaces de buscar la verdad e indagar sobre la coherencia de las propuestas de los candidatos/as considerando que ya algunos postularon en 2021?.

 Hay riesgos que están acechando al país, como es la corrupción que siempre trae el incremento del Crimen Organizado que ha terminado penetrando las instituciones públicas como el Poder Judicial, Gendarmería, Ejército, FACH donde en las últimas semanas hemos conocido casos de vínculos entre Narcos y personal de esas instituciones. También ya hemos conocido casos de secuestros de empresarios, ex alcaldes y casos de sicariato que revelan la fuerte penetración de la cultura narco en nuestra sociedad.

 Esta situación muestra que no somos la excepción, Chile es un país cuyas instituciones están siendo afectadas por la corrupción, socavando la legitimidad democrática y que esto, más la situación de inseguridad en los barrios y comunas convierte este tema en la principal preocupación ciudadana actual.

 Nadie que aspire a tener la mayoría ciudadana para gobernar puede soslayar la urgencia de plantearle al país un paquete de propuestas que apunten en la dirección de combatir como prioridad nacional al Crimen Organizado; lo mismo ocurre en materia de crecimiento económico – que en los últimos 10 años bordea el 2%- y que explica el alto nivel de desempleo -especialmente en mujeres y en personas de alta calificación-y de informalidad laboral.

La solución a estos problemas de estancamiento económico, baja productividad y alto desempleo genera escenarios dispares según las últimas encuestas, ya que hay un mayor optimismo de que en los próximos 12 meses la situación económica será mejor que ahora (40% de la población) mientras que los sectores más pesimistas alcanzan al 29% de la población; pero en materia de vías para reactivar la economía existen un sector social importante que propicia un rol más protagónico del Estado, fomentando las exportaciones y la diversificación productiva y mediante la cooperación público-privada, especialmente en sectores como el cobre, el litio y las energías renovables y hay otro sector social que promueve la reducción del tamaño del Estado, fusionando ministerios,eliminando programas ineficientes y propone recortar el gasto fiscal en US$ 6.000 millones.

Este debate sobre la seguridad/corrupción, sobre las propuestas económicas y reformas par un Estado más eficiente en salud y educación interesa a la mayoría del electorado (9 de 10 personas reconoce mucho interés y algo de interés en estos temas); por tanto, el debate sobre la arquitectura programática no es menor para el electorado y las diversas opciones debieran presentar equipos técnicos y voceros que le den credibilidad en la sociedad chilena que espera conocer mejores ideas para abordar esta situación crítica de la seguridad y de la economía.

 La oferta programática sobre estas urgencias requiere mayor profundidad propositiva -que aún no se tiene- porque los debates presidenciales han tenido la reiteración de cuñas y no ha existido el despliegue de programas en estas áreas.

 El país requiere conocer cómo se enfrentaran estos riesgos y urgencias que estamos viviendo, requiere conocer los programas de cada candidatura donde se identifiquen los problemas a abordar, los caminos y estrategias a implementar en los pròximos años de gestión gubernamental, el financiamiento fiscal de esas soluciones y las reformas legales y administrativas que se implementaran para tener un Chile más seguro, con más progreso y con un Estado más eficiente.

 Chile después de 10 años de estancamiento demanda propuestas serias, implementables y financiadas para que no sea otra frustración como las vividas en los últimos gobiernos donde se prometió “enfrentar la desigualdad, poner fin a la delincuencia y transformar Chile”, las que no se cumplieron generando una fuerte decepción ciudadana en la democracia y en sus élites.

No podemos seguir de frustración en frustración, eso al final deteriora la democracia.