Aparecieron las malas noticias de la actividad económica.

En marzo cayó la actividad económica en -2,1% mostrando una fuerte caída del comercio de -5,4% en 12 meses, especialmente cayendo las ventas en los supermercados, también cayó la producción de bienes en -3,4%, explicado principalmente por la caída de la producción minera de -8,5% en 12 meses.

Este estancamiento de la actividad explica también la preocupante alza de las tasas de desempleo que subió a 8,8% (completando 5º mes consecutivo), que está afectando más a las mujeres cuya tasa llega a 9,5% y en la RM donde se llegó a 10,1% de desempleo.

Hace meses viene subiendo el desempleo. Post pandemia la gente ha vuelto a buscar trabajo, pero lamentablemente la economía no es capaz de generar esos puestos laborales, porque aún funciona débilmente.

Hay menos cupos laborales disponibles, caen los avisos de nuevos puestos laborales, se contraen los empleos en el sector privado y solo crecen el empleo público (probablemente en municipalidades) y los puestos informales.

La información del INE muestra que desde octubre 2022 la creación de empleo asalariado formal del sector privado se desacelera fuertemente, mientras que se acelera creación de empleo asalariado público -probablemente a nivel municipal -y de empleo por cuenta propia.

Así los niveles de empleos están bajo la pandemia (se calcula que hay más de 420.000 empleos menos que en la situación pre pandemia).

Eso es lo que está pasando en la realidad del mercado del trabajo.

Esta realidad contrasta con el discurso optimista del Ministro de Hacienda quién señaló post Imacec de marzo que la economía se está “recuperando” y agregó “que la cifra mensual comparada con el mes anterior, la caída es mucho más pequeña. Y si se quita minería la cifra es positiva”.

Este optimismo del ministro Marcel explica entonces que haya acordado con la CUT un incremento del salario mínimo del 21% y no haya negociado con las PYMES -que son las empresas que más pagan salario mínimo- la continuidad del subsidio salarial.

Es a lo menos imprudente incrementar monto del salario mínimo en 21% en un contexto de estancamiento económico -Imacec -2,1% en 12 meses- y además, que Hacienda se niegue a darle un apoyo a las Pymes vía subsidio salarial.

Lo responsable, desde el punto de vista económico, es que en este contexto se den prioridad a iniciativas pro empleo y pro crecimiento que permitan revertir este estancamiento con alto desempleo.

Desde esa perspectiva es clave apurar “un piloto” de la alianza público-privada en la industria del litio, que muestre a los inversionistas la real voluntad gubernamental de avanzar en producir más litio en nuevos salares -como Maricunga de la región de Atacama- bajo la fórmula de la cooperación público/privada; también es clave acelerar la implementación la agenda de innovación productiva de la CORFO que tiene US$ 435,0 millones y a marzo solo lleva ejecutado 4% de esos recursos; en materia de gastos de capital en ley de presupuesto 2023 hay app US$ 14.000 millones y en primer trimestre solo se ha ejecutado 13%, ritmo que requiere acelerarse para segundo semestre, especialmente en MOP y Vivienda.

Con los actores privados se requiere que gobierno concuerde una agenda de reactivación económica que tenga foco en generar nuevos empleos que permitan retomar para 2024 un volumen de empleos similares a la época pre pandemia.

Es clave que la élite política y económica construyan acuerdos transversales que permitan recuperar el dinamismo de la actividad económica para sí salir de esta zona de números rojos en materia de producción de bienes, de ventas y de poca capacidad de creación de empleos formales, por eso insistimos que el país requiere políticas pro empleo que es tan urgente como los temas de seguridad ciudadana.