Mientras el reclamo por elecciones fraudulentas en Venezuela y ser el primero en exigir las actas de votación en la madrugada del 29 de julio, le ganaron prestigio democrático interna y externamente al Presidente Boric; en casa una de sus ministras decidía sacar a una directora regional del Servicio de la Mujer por “pérdida de confianza” a los 2 días de haber asumido el puesto y después de un largo proceso de selección por el sistema de Alta Dirección Pública generando un revuelo político que dura por varios días. 

Es el caso típico de un autogol político o error no forzado generado por una ministra develando dudas sobre las reales convicciones democráticas del sector que pertenece la secretaria de Estado, como ya fue el debate sobre el voto obligatorio y multas tendiente a estimular una alta participación ciudadana, donde Frente Amplio salió a defender el voto voluntario y la eliminación de multas queriendo volver a elecciones donde participaron 6,0 millones de electores y no los 11 millones que se prevén con el voto obligatorio para el 26 y 27 de octubre próximo. Finalmente se aprobó un veto presidencial con una baja multa ($33.000 app) por esta elección y este debate democrático se reabrirá post elecciones.

Después del caso Fundaciones/Democracia Viva se pensaba que el Frente Amplio iba a jugar un rol más de bajo perfil y de apoyo irrestricto al Presidente Boric; pero estas semanas hemos visto que la carrera electoral a octubre les ha generado un impulso a tener más protagonismo público, pero siguen mostrando su peor cara al destacarse por su persecución ideológica en el caso de Isabel Amor y develar la manipulación que hacen las autoridades del sistema de selección de directivos públicos denominado Alta Dirección Pública en algunos ministerios.

Este sistema de selección el año pasado generó 560 concursos públicos, donde se tuvo un gasto público de $16.000 millones tendiente a buscar los mejores profesionales para Servicio Local de Educación -donde se seleccionó en el caso de Slep Licancabur- a un profesional que fue imputado por disparar en la vía pública -caso Pistolero de La Reina- y en otros SLEPS se tiene directivos que no fueron capaces de prevenir ni resolver las crisis de los SLEPS en Atacama y Colchagua.

El Estado está funcionando mal desde hace más de una década, los programas gubernamentales tienen poca efectividad y es necesario revisar el proceso de selección de directivos públicos.

La decisión de sacar a la directora regional de SERNAMEG se basó en un prejuicio ideológico, ya que al ser hija de una persona condenada por violación a los DDHH, también – a juicio de la ministra- ella está impedida de acceder a un cargo de responsabilidad, heredando así la hija la responsabilidad del padre.
 
Este criterio es un retroceso cultural, hoy lo que importa es el desempeño de las personas, es su mérito y no lo que pasó con su padre. Peor todavía es que el Chile actual es notificado de que quienes -al interior del gobierno- se desvíen de la narrativa oficial serán despedidos o cancelados. Ni Torquemada se atrevió a tanto en la inquisición, pero si la ministra de la Mujer.

Diversos sectores de la centroizquierda han pedido que Presidente Boric revierta esta decisión, pero la mayoría sabemos que eso no ocurrirá porque lo impedirá en el Comité Político y se insistirá que la lealtad generacional con el proyecto frente amplista es lo único que importa.

Esta lógica de la marginación al que piense autónomamente explica un clima interno en las oficinas de gobierno de baja autocrítica y de escasa capacidad de innovación para hacer que las cosas ocurran en beneficio de la gente. Es más importante la lealtad al partido, sino se “pierde la confianza en un minuto”, como afirma Giorgio Jackson ejemplificando esa deplorable cultura política.
 
Además, la opinión pública se ha enterado que diputados frente amplistas se restarán del acuerdo en el Senado que permitirá destrabar la reforma a las pensiones que apunta a mejorar las miserables pensiones que hoy reciben los afiliados a las AFP’s.

Hoy la pensión promedio de mujeres (con PGU) es $236.817 mensuales, la mediana es $222.156 o sea hay un 50% de mujeres que recibe pensiones INFERIORES a ese monto; mientras que la pensión promedio de los hombres es $424.000. El acuerdo previsional que se votará en enero próximo apuntará a mejorar estas pensiones del sistema contributivo y de ese esfuerzo nadie debería restarse.
 
No más autogoles ni errores no forzados, la mayoría democrática debe lograr que en enero 2025 se vote una reforma previsional con foco en incrementar estas bajas pensiones actuales.