La crisis económica -originada en el COVID19- será fuerte –FMI dice que será “peor a la crisis financiera del 2009”- y tendrá entonces, fuertes impactos sociales como un alto desempleo; caída de ingresos de los trabajadores, semiparalización del sistema productivo a lo menos.

Pero ante la crisis que se viene, el Gobierno de Piñera optó por desproteger a los trabajadores formales e informales y aún no hay medidas que creen un potente sistema de garantías para las PYMES que eviten su quiebra.

 

Eso se vio en el debate en el Parlamento, donde el Gobierno no cambió el monto de $50.000 para los trabajadores informales, tampoco amplió su cobertura a trabajadores independientes como feriantes, taxistas, pequeños mineros y agricultores que tienen ocupación informal y no son perceptores del Subsidio Familiar (SUF). Según INE hay 2,7 millones de trabajadores informales -1/3 de la fuerza laboral actual- pero el bono beneficia a 1,5 millón de perceptores SUF, con lo cual quedan más de 1,2 millón de trabajadores informales sin cobertura de este pequeño bono.

 

Para aprobarlo el Ministro Briones comprometió nuevos bonos. ¿Por qué regatear y no dar ahora más ayuda si sabemos que la crisis será profunda? El cortoplacismo no ayuda a enfrentar crisis como las que estamos empezando a sufrir.

Chile ahorró recursos fiscales US$ 23.000 millones- en diversos Fondos como FEES y FRP para crisis como estas. Es la hora de la solidaridad no del cuentagotas que está usando el ministro con los trabajadores informales a los cuales se les obliga a trabajar y no privilegiar su salud.

 

Otro ejemplo es el debate del acceso al seguro de cesantía en caso de suspensión de relación laboral por Covid 19, donde el Gobierno propone usar las cuentas individuales del trabajador y la oposición en la Cámara de Diputados propuso que se use primero el Fondo Solidario de Cesantía para los trabajadores que ganen menos de $1,0 millón mensual que son el 75% de los afiliados al Seguro de Cesantía.

 

Esto provocó el rechazo de la fórmula gubernamental en la Cámara que será resuelta en una Comisión Mixta, pero desafortunadamente el Ministro Briones no quiere negociar y califica como “pérdida de tiempo” este debate en el Congreso sobre la regla de uso de los fondos del seguro de Cesantía.

Mientras en Europa en diversos países los gobiernos, con el Parlamento y las organizaciones de empleadores y trabajadores pactan “no despedir” durante la crisis o un subsidio fiscal del 75% del promedio de las remuneraciones durante la crisis; aquí el Ministro de Hacienda opta por la imposición de las discusiones inmediatas, genera un sistema que licua los ahorros de los trabajadores que significarán ingresos transitorios del 57% de sus últimas remuneraciones, no negocia alternativas más solidarias y agudiza la desprotección laboral validando el dictamen de la Dirección del Trabajo.

 

Esta resolución de la directora (s) del Trabajo señala que los trabajadores no recibirán sus remuneraciones en caso de emergencia sanitaria porque el coronavirus exonera a las partes de su relación laboral. Se consolida administrativamente la desprotección de los trabajadores, pasan los días y la mantención en el cargo de la Directora (S) revela que el Gobierno comparte esa doctrina; es decir los trabajadores quedan desprotegidos ante la crisis, lo cual es una injusticia e inmoralidad.

 

Las democracias modernas optan por proteger a los más vulnerables –liberándolos de pagar servicios básicos y protegen sus ingresos- , opera la seguridad social, el Banco Central Europeo le pide a los bancos “no retirar ganancias” y aquí lo que es más grave es que el Gobierno opte por la imposición, no escucha a ex Ministros de Hacienda y Economía ni a académicos prestigiosos que pensando en Chile y su futuro proponen planes fiscales más activos tanto para proteger a los trabajadores como a generar un real sistema de garantías que den mejores créditos a un sistema productivo que estará al borde del colapso.