A inicios de este 2023 se acusó un déficit alarmante de profesores en el sistema escolar antofagastino. Según datos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta, se podía apreciar un déficit de 90 profesores en la asignatura de Artes, 50 en Lenguaje y Comunicación, 78 en Ciencias Naturales y 125 en Matemática. Estas cifras corresponden a una región del país, pero reflejan una preocupante situación a nivel nacional. Más aún, para el año 2030 se proyectó un déficit que alcanza la cifra de 25000 profesores en todo el país.

Lo anterior se suma a los pésimos resultados que publicó el Mineduc sobre el SIMCE 2022, revelando cifras preocupantes -al menos- en la asignatura de Matemática. Los niveles de 4° Básico y 2° Medio registraron la mayor baja en comparación con la medición que se hizo el 2018, registrando los peores resultados en más de 10 años. Más aún, 2° Medio alcanzó el peor promedio en Matemática desde que se aplicó el primer SIMCE. Estos datos son un llamado de atención y evidencian la necesidad de implementar estrategias efectivas para mejorar la educación chilena. Desafortunadamente, el déficit actual de profesores va contra cualquier estrategia posible que apunte a mejorar la educación escolar en nuestro país. La baja matrícula en carreras de pedagogía, la deserción docente temprana, la falta de ofertas salariales atractivas y el escaso reconocimiento, son solo algunos factores que contribuyen al déficit de profesores.

Para afrontar esta crisis es necesario abordar el problema de manera integral. Se requiere una mayor inversión en la formación, atracción y calificación de profesionales de la educación, incluyendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales y salariales. Asimismo, se deben implementar políticas que valoren y reconozcan la labor docente como corresponde, promoviendo su desarrollo profesional y garantizando un entorno propicio para su crecimiento. Además, es imprescindible fortalecer el sistema educativo en su conjunto, invirtiendo en infraestructura y promoviendo la investigación educativa a nivel escolar, vinculando colegios y universidades. Naturalmente, debemos establecer estrategias adicionales que involucren activamente a las familias en la educación de sus hijos, reconociendo así que la formación integral no puede recaer totalmente sobre los establecimientos educativos y docentes, sino que es una responsabilidad compartida.

En el ámbito de la educación superior, las universidades ya se ven obligadas a asumir las falencias académicas que los estudiantes traen desde el colegio. Si bien la actual prueba de acceso a la educación superior (PAES) hace lo suyo y selecciona a estudiantes con buena base para las universidades y carreras más populares del país, lo cierto es que existen mecanismos que permiten que estudiantes, con brechas de aprendizaje significativas, puedan ingresar a la universidad sin la debida preparación. Esta realidad obliga a las instituciones de educación superior a invertir en nivelaciones académicas y en procesos de acompañamiento, con el fin de evitar la deserción estudiantil y el deterioro de la calidad en la formación universitaria.

A medida que el déficit de profesores se agrava con los años, los colegios públicos y las universidades -eventualmente- podrían enfrentarse a una situación insostenible. La actualidad demanda una acción urgente y coordinada de todos los actores involucrados en educación. Es necesario implementar medidas concretas y trabajar en conjunto para construir un sistema educativo sólido y equitativo. La educación es la base de un país próspero y justo, debemos invertir en ella y reivindicar la importancia de los docentes secundarios de nuestro país.